Fiscalía estatal desconoce indagatoria de EU por red de fraude ligada al CJNG en Puerto Vallarta
El fiscal Salvador González de los Santos afirmó que no han sido notificados sobre el caso Kovay Gardens. EU sancionó a empresas y personas vinculadas a un esquema de fraude de tiempos compartidos.
Redacción AZ Noticias
Tras la revelación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre una red de fraude de tiempos compartidos atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que la dependencia a su cargo no ha sido notificada sobre esa investigación en particular.
El funcionario indicó que desconoce la indagatoria relacionada con el complejo turístico Kovay Gardens, pese a que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 17 empresas mexicanas y cinco personas físicas presuntamente vinculadas al esquema fraudulento.
“De esta investigación que están sacando ahorita no, pero sí tenemos algunas carpetas de denuncias relacionadas con ello; específicamente de estas ahorita no tengo información”, declaró el fiscal al ser cuestionado sobre el anuncio realizado en Washington.
No obstante, González de los Santos reconoció que el fraude mediante la oferta de departamentos y tiempos compartidos es una práctica detectada en la entidad, principalmente cuando se promocionan desarrollos inexistentes o se engaña a los compradores con condiciones falsas.
“Son prácticamente fraudes. Ofrecen departamentos o tiempos compartidos y mucha gente a veces cae”, señaló.
Respecto a la cooperación internacional, el fiscal afirmó que existe disposición para colaborar con autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento del Tesoro y el Consulado, aunque precisó que dicha colaboración se activa únicamente mediante solicitudes formales de información.
Por su parte, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones se sustentan en las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir el tráfico de drogas ilícitas y el financiamiento de organizaciones criminales. Según la investigación, el CJNG habría diversificado sus fuentes de ingreso mediante esquemas de fraude inmobiliario que afectan principalmente a ciudadanos estadounidenses, muchos de ellos adultos mayores.
De acuerdo con el reporte, el modelo opera desde centros de llamadas ubicados en la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, donde operadores bilingües contactan a víctimas con falsas ofertas de compra, reventa o trámites legales, solicitando pagos anticipados por supuestos impuestos o gastos de cierre.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el esquema ha generado pérdidas millonarias y permite la revictimización prolongada de los afectados. Como resultado de las sanciones, quedaron bloqueados los bienes e intereses de los designados en Estados Unidos y se prohibieron transacciones con las personas y entidades incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).
