Sacerdote amenaza de muerte a la gobernadora de Guanajuato; autoridades y legisladores condenan la violencia política
La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, la presidenta de la Cámara, Kenia López Rabadán, y legisladores del PAN condenaron la agresión y pidieron que se investiguen y sancionen las amenazas.
Redacción AZ Noticias
Una grabación difundida en redes sociales muestra al sacerdote Alfredo Gallegos, conocido como “El Padre Pistolas” y adscrito a la parroquia de Chucándiro, Michoacán, proferir una amenaza de violencia contra la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennisse García Muñoz Ledo, en el contexto de su impulso al proyecto del Acueducto Solís-León.
En el video, el sacerdote manifiesta su rechazo a la extracción de agua de la presa Solís y se dirige de forma explícita a la mandataria:
“Yo le voy a partir su madre, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”.
La amenaza generó una rápida reacción política y social. Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, condenó la agresión y llamó a que la discusión pública se desarrolle “sin machismo, sin racismo y sin clasismo”. La funcionaria exigió que ninguna mujer sea objeto de amenazas, verbales o físicas.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), expresó su solidaridad con la gobernadora y pidió que las amenazas sean investigadas y sancionadas, subrayando que la violencia política contra las mujeres no puede normalizarse. El grupo parlamentario del PAN también emitió un pronunciamiento en respaldo a la mandataria, calificando las intimidaciones como un agravio contra todas las mujeres en la vida pública.
Por su parte, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo declaró que, aunque lamenta los hechos, no presentará denuncia “para no perder su tiempo”, y reiteró su compromiso de seguir trabajando, al tiempo que afirmó que la crítica no debe convertirse en violencia política. Además advirtió que a mayor participación de las mujeres en la vida pública, se intensifica el riesgo de agresiones, pero insistió en que ello no justifica las amenazas.
El caso ha abierto un debate sobre el uso del lenguaje, la incitación a la violencia y la necesidad de garantías para las mujeres que desempeñan cargos públicos, así como sobre la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y civiles para prevenir y sancionar conductas que constituyan violencia política o delitos.
