Abuso de autoridad, delito que presenta mayor crecimiento en Jalisco
El abuso de autoridad es el delito que presenta el mayor crecimiento y casi se triplicó en el mismo lapso: en 2014 acumuló mil 139 averiguaciones. Le sigue el cohecho (91), peculado (33), desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones (10) y enriquecimiento ilícito (4)
La Secretaría del Trabajo de Jalisco acumula 25 denuncias presentadas ante la Fiscalía General por presuntos actos de corrupción de servidores públicos, principalmente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El saldo por las anomalías detectadas, la mayoría en juicios laborales, es de 77 burócratas despedidos por hechos como la falsificación de firmas de empleados demandantes y notificaciones apócrifas, además por estar relacionados en la forma ilegal en que abogados “inflaban” salarios para aumentar las ganancias en laudos.
Es un buen ejemplo. Sin embargo, Jalisco figura entre los 14 estados en México que no cuentan con una ley anticorrupción. Tampoco tiene un área especializada en su erradicación ni mecanismos de denuncia ciudadana.
Esto a pesar de que las denuncias contra servidores públicos por delitos relacionados con hechos de corrupción se duplicaron entre 2009, cuando se iniciaron 517 averiguaciones previas, y 2014, con mil 277, confirma la Fiscalía General de Jalisco.
El abuso de autoridad es el delito que presenta el mayor crecimiento y casi se triplicó en el mismo lapso: en 2014 acumuló mil 139 averiguaciones. Le sigue el cohecho (91), peculado (33), desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones (10) y enriquecimiento ilícito (4).
En ese sexenio se iniciaron cuatro mil 533 averiguaciones previas por presunta corrupción y sólo 312 burócratas fueron sentenciados ante un juez, confirma el Supremo Tribunal de Justicia.
En el caso de la Unidad de Investigación contra la Corrupción de la Fiscalía General permanece acéfala desde septiembre de 2013, tras la reforma a la estructura administrativa del Gobierno de Jalisco. En esa fecha se debía presentar el proyecto de reglamento, pero la autoridad responde que no se cuenta con un protocolo ni reglamento interno en donde se desprendan sus funciones y responsabilidades.
A pesar de ello, la Unidad tuvo un presupuesto de 1.8 millones de pesos en 2014, que fueron ejercidos por la Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía, instancia que, a decir del fiscal Luis Carlos Nájera, se encarga de combatir la corrupción.
Otras entidades sí tienen un área especializada para investigar las conductas asociadas a este mal: Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, reporta el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 del Inegi. (Con información del Informador)
