Senado endurece penas por extorsión: hasta 42 años de cárcel en nueva ley nacional
La oposición logró que se elevaran sanciones que la Cámara de Diputados había reducido, aunque persisten dudas sobre el presupuesto para operarla.
Redacción AZ Noticias
El Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de cambios de fondo a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con los cuales se endurecen las penas y se establece que el delito sea perseguido de oficio en todo el país. La reforma, enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum y modificada por la Cámara de Diputados, regresa ahora a San Lázaro con una veintena de ajustes que elevan las sanciones y cierran vacíos legales.
Con la nueva redacción, la pena mínima quedará entre 15 y 25 años de prisión, mientras que el máximo se elevará hasta 42 años ante más de 30 agravantes posibles. El texto anterior, aprobado por diputados, contemplaba castigos de seis a 15 años. Entre las modalidades del delito se incluyen el cobro de derecho de piso, las llamadas de extorsión desde penales y los llamados montachoques.
El Senado también restauró las sanciones más severas para funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión, como policías, ministerios públicos y autoridades penitenciarias. En lugar de la reducción de penas avalada por la Cámara baja, se retomó el esquema original de 10 a 20 años de prisión.
Durante la discusión, legisladores del PAN, PRI, MC y Morena coincidieron en la necesidad de fortalecer la ley ante el crecimiento exponencial de la extorsión en el país. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, reconoció que los cambios responden a preocupaciones planteadas por la oposición desde octubre.
Sin embargo, uno de los puntos más controvertidos fue la ausencia de presupuesto específico para implementar la norma. Legisladores del PAN y PRI advirtieron que sin recursos adicionales la ley podría quedarse en un “catálogo de buenas intenciones”, ya que su operación requiere áreas especializadas en fiscalías estatales y fortalecimiento policial. Morena sostuvo que los lineamientos no necesitan nuevos fondos para iniciar.
El Senado incorporó además dos enmiendas adicionales: una para garantizar atención a víctimas con perspectiva de género y otra para incluir como agravante el uso de dispositivos, plataformas o telecomunicaciones como medios de extorsión, con el fin de evitar que las tecnologías sigan siendo un facilitador del delito.
El proyecto fue devuelto a la Cámara de Diputados, donde se prevé que los cambios sean ratificados.
