Muertes provocadas por transporte público han enlutado a 317 familias en Jalisco
Hasta el 14 de marzo pasado, cuando el conteo llegaba a 14 muertes, la Fiscalía reportaba que 12 de los choferes involucrados fueron consignados por homicidio imprudencial, uno más seguía bajo investigación y el último fue absuelto porque no tuvo responsabilidad
Entre 2007 y 2013 un total de 317 familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara se han enlutado por accidentes mortales en los que participó el transporte público. También en ese periodo fueron consignados ante un juez 224 choferes: siete de cada 10 de los detenidos como presuntos responsables de tales homicidios.
La Fiscalía General del Estado no cuenta con los datos desagregados para saber cuántos de esos casos terminaron en sentencias condenatorias. En cambio, lo que sí se sabe es que entre 2007 y 2013, el Poder Judicial sentenció y condenó a prisión a 82 conductores del transporte público. Las condenas fueron, en su mayoría, de uno a nueve años de cárcel, y hubo un caso en que fue menor de un año.
Los datos de la Fiscalía General para el periodo 2007-2013 se refieren a los registros de accidentes mortales en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco de Zúñiga: es decir, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).
En lo que va de 2014 se han registrado 19 fallecimientos en accidentes vinculados con los camiones del servicio urbano. Hasta el 14 de marzo pasado, cuando el conteo llegaba a 14 muertes, la Fiscalía reportaba que 12 de los choferes involucrados fueron consignados por homicidio imprudencial, uno más seguía bajo investigación y el último fue absuelto porque no tuvo responsabilidad.
Aunque admitió que hay casos de operadores inocentes, Alma Chávez Guth, presidenta de la asociación civil Víctimas de Violencia Vial, opina que es necesario revisar a fondo la aplicación de la justicia en el caso de los operadores del transporte público.
“Se manejan con mucha opacidad las cifras de muertes y lesionados, la reparación del daño. Pareciera que hay mucha protección hacia los transportistas y el servicio que prestan”. Los operadores, dijo, pueden obtener libertad bajo fianza.
En cambio, para el líder de trabajadores del volante José Alberto Cortés, del Sindicato Palmac-CROC, la legislación es “injusta” con los choferes, debido a que contempla varias agravantes y al menos una se aplica en automático: que conduzcan un vehículo de más de 12 plazas.
Ante condiciones como ésas, explica, se dan casos en que, aunque los choferes no sean responsables y saben que al final serán absueltos, piden el juicio sumario: el conductor acusado asume la responsabilidad para pedir la benevolencia del juez y que el caso se resuelva en tres meses, con el fin de evitar el proceso regular, que dura al menos un año.
Además, “hoy en día cualquier agente del Ministerio Público quiere poner las seis agravantes para curarse en salud”. Entre ellas están: manejar bajo efectos de alcohol y/o drogas, circular a exceso de velocidad, que el accidente ocurra en zona escolar o peatonal y transitar en sentido contrario. (Información de El Informador).
