Policías y trabajadora social de PV pagan 44 mil pesos para evitar juicio por abuso de autoridad
Tres servidores públicos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta obtuvieron la suspensión condicional del proceso por abuso de autoridad, tras pagar más de 44 mil pesos en reparación del daño. El caso se originó por el aseguramiento irregular de una menor de edad en 2022.
Por Osvaldo Granados
Los policías municipales Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, junto con la trabajadora social Delia “N”, adscritos a la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta, lograron la suspensión condicional del proceso que enfrentaban por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública.
En audiencia celebrada este martes en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, el juez de Control y Oralidad, Miguel García Hernández, concedió la solicitud de la defensa tras acordarse el pago de $23,400 pesos por reparación del daño a la víctima y un donativo de $21,000 pesos a la asociación civil Ayudemos a Vallarta, como reparación del daño a la sociedad.
CONDICIONES PARA MANTENER LA SUSPENSIÓN
Durante los próximos seis meses, los tres servidores públicos deberán residir en un lugar determinado, abstenerse de acercarse o contactar a la víctima o testigos, y acreditar un curso de derechos humanos, de acuerdo con las condiciones impuestas por el juez.
ASEGURAMIENTO IRREGULAR DE UNA MENOR DE EDAD
El caso se remonta a agosto de 2022, cuando los policías Jaime “N” y Sandra “N” atendieron un reporte sobre una niña que se encontraba sola y llorando en un domicilio. Al ingresar, la aseguraron y trasladaron a la Comisaría, sin solicitar mando y conducción del Ministerio Público ni dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como exige la ley.
En la Comisaría, la menor fue entregada a la trabajadora social Delia “N”, quien localizó a su madre a través de redes sociales y le pidió acudir por la niña. Mientras tanto, la menor fue resguardada en los separos de la policía, en lugar de ser canalizada al DIF Municipal, como marca el protocolo.
DENUNCIA Y VINCULACIÓN A PROCESO
Cuando la madre acudió a recoger a la niña, también se presentó el padre —quien tenía la custodia provisional—, pero fue detenido por los policías bajo el argumento de que se comportaba agresivamente y tenía aliento alcohólico. La menor fue entregada a la madre.
Posteriormente, el padre presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal, que turnó el caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La Agencia Regional de Puerto Vallarta realizó las investigaciones que derivaron en la vinculación a proceso de los tres servidores públicos el 23 de diciembre de 2024.
