Meditan la colocación de urnas electorales en cárceles; presos sin condena podrían votar
Autoridades del INE explican que nunca se han puesto casillas de votación en las prisiones, porque se asume que esos ciudadanos han perdido sus derechos políticos
Los consejeros electorales Marco Antonio Baños Martínez y Arturo Sánchez Gutiérrez coincidieron en señalar la importancia de revisar de qué manera el Instituto Nacional Electoral (INE) podría garantizar el voto de las personas privadas de su libertad pero sin sentencia condenatoria, como tambien lo señaló el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza.
Sánchez Gutiérrez opinó que el INE podría tomar medidas para que se encuentre un mecanismo que permita poner urnas en los centros penitenciarios, a fin de que se pueda votar.
El consejero electoral puntualizó que tendrían que reflexionar para considerar quienes están en esa situación y “sin violentar la ley actual se podría facilitar los derechos de las personas. Ésa es una reflexión que no ha empezado. Tendríamos que hacerla para las elecciones, quizá las de 2018”.
Añadió que sería un avance en el derecho de las personas que se encuentran presas, sobre todo de aquellas que están detenidas pero todavía no tienen sentencia condenatoria.
Arturo Sánchez agregó que nunca se han puesto casillas de votación en las prisiones, porque se asume que esos ciudadanos han perdido sus derechos políticos y que si existieran sentencias al respecto y jurisprudencia por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación facilitaría el camino del propio instituto para empezar a discutir el tema.
El pasado lunes, el magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco, lanzó la propuesta en un Foro sobre Derechos Humanos, que se llevó a cabo en el Palacio de Lecumberri.
Para Carrasco Daza, el análisis debe partir de una misma premisa: la privación de la libertad, cualquiera que sea su origen, debe reconocer que los derechos humanos de las personas privadas de libertad no han muerto y deben ser tutelados por el Derecho.
Consideró que ésa es la esencia misma de la reinserción social como fin de la pena, dado que en un Estado de derecho, las sanciones deben ser razonables y proporcionadas.
En números
La semana pasada, en el antiguo Palacio de Lecumberri, el presidente del TEPJF destacó que las mujeres en reclusión viven un drama mayor, de ahí la propuesta de realizar un esfuerzo institucional para abordar la materialidad de los derechos políticos de las mujeres en prisión y así despertar la interpretación constitucional en materia de derechos políticos.
Mencionó que la población nacional penitenciaria es de 230 mil personas; de ellas, seis mil mujeres están procesadas por delitos federales y locales. (con información de Excélsior)
