Congelan cuentas de magistrados de Jalisco por supuestas irregularidades financieras
Celso Rodríguez González, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez son señalados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); los tres recurrieron a juicios de garantía sobre este tema
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, congeló este jueves las cuentas de tres magistrados del Poder Judicial de Jalisco por presuntas irregularidades en sus finanzas personales.
Aunado a ello, los tres juzgadores se confrontaron con el Gobierno estatal y los municipios conurbados por algunas de sus sentencias por emitir sentencias controvertidas.
Al momento, los tres juzgadores recurrieron a los juicios de garantías en juzgados de distrito para revertir los aseguramientos.
Es el caso del expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez González, y los magistrados del Tribunal Administrativo de Jalisco, Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez.
En documentos del Consejo de la Judicatura Federal (CJPJF) se expone que los magistrados cuentan con inmuebles, vehículos, cuentas y viajes que no corresponden a sus ingresos como servidores públicos.
¿Cuáles son las causas?
El caso del magistrado Celso Rodríguez González, tiene como antecedente varias denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito, al poseer bienes por más de 50 millones de pesos. Se mantiene en su cargo gracias a un amparo, aunque constitucionalmente ya terminó su periodo en el Poder Judicial del estado.
Respecto a Barba Gómez, el ayuntamiento de Zapopan lo denunció por un supuesto beneficio personal por la resolución de 36 procedimientos en afirmativas fictas -concesión fáctica ante falta de respuesta oficial-, y ha sido denunciado penalmente de delitos relacionados con la Administración de la Justicia y otros ramos del Poder Público.
También fue objeto de juicios políticos ante el Congreso de Jalisco, mismos que no concluyeron por amparos a su favor.
Algunas de sus decisiones han permitido presuntamente la edificación de torres residenciales y la instalación de más de 20 gasolineras en zonas prohibidas.
Acerca de García Estrada, ha sido señalado por supuestas violaciones a derechos humanos y al orden legal, al permitir a particulares construir 33 mil viviendas, modificando el uso de suelo a una reserva forestal y acuífera.
También se le señala por autorizar sistemas de transporte irregulares como mototaxis y por otorgar suspensiones para frenar los planes parciales del ayuntamiento de Guadalajara. Con información de El Financiero
