Crecimiento de bosques en Jalisco podría perderse en 2017
Reforestaciones de millones de hectáreas que difícilmente se pueden garantizar a la vuelta de cinco años; apoyos económicos y técnicos fuertes, pero intermitentes; priorización de inversión que no siempre atiende de forma consistente los puntos más valiosos del capital natural del país y a los grupos sociales más vulnerables, son parte de los yerros acumulados.
A quince años del arranque de su modernización, con la entrada en operaciones de la Conafor, el sector forestal en Jalisco y México no han logrado siquiera recuperar la frontera de productividad que tenían en los años 90. Pero con el magro presupuesto que se pretende aprobar para 2017, podría perder los modestos logros de los últimos cuatro años, reconocen analistas del tema.
“Esta situación que vemos desde hace años se debe a la implementación de políticas equivocadas de desarrollo rural y a una sobrerregulación gubernamental que impide el aprovechamiento sustentable de los recursos maderables, pero no castiga en la mayoría de los casos el cambio de uso de suelo”, señalaba en su nota informativa 38 el Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable, una de las instancias ciudadanas más críticas del proceso.
Reforestaciones de millones de hectáreas que difícilmente se pueden garantizar a la vuelta de cinco años; apoyos económicos y técnicos fuertes, pero intermitentes; priorización de inversión que no siempre atiende de forma consistente los puntos más valiosos del capital natural del país y a los grupos sociales más vulnerables, son parte de los yerros acumulados.
Pocos expertos serios están en desacuerdo con la creación de esta política en el gobierno de Ernesto Zedillo y su consolidación institucional en el gobierno de Vicente Fox, que constituyó la Comisión Nacional Forestal; pero son los mismos que señalan la debilidad de la instancia normativa (la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) cuya corta plantilla y sobrerregulaciones (hasta 50 trámites por permiso) no puede garantizar la correcta emisión de autorizaciones ni su oportunidad temporal, lo que genera un fuerte costo al sector. Y del otro lado, la vigilancia e inspección (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) padecen del mismo mal, en un país con más de 65 millones de hectáreas forestales, de las que 15 millones tienen alto potencial aprovechable, pero con solo algunas decenas de inspectores en el ramo. Y con la fuerte presencia del crimen en las principales montañas, es doblemente complicado alcanzar la legalidad de los aprovechamientos.
Este balance se completa con la desconexión reinante con la economía agropecuaria, de diez a 20 veces más grande que la forestal–y que es la gran causante de pérdida de bosques y selvas en este país; la configuración de estadísticas que no terminan de ser confiables y sólidas (nociones dudosas como “superficie recuperada” de bosque, falta de datos sobre bosques fragmentados y degradados, y su anverso, las áreas más valiosas y prioritarias, los bosques primarios), y derivado de ellas, erróneas decisiones al momento de priorizar las zonas receptoras de apoyos y subsidios.
Hoy, ese castigado sector abre su bianual ExpoForestal, en Guadalajara, y el clima reinante no es optimista.
Algunas cifras de la crisis: 30% del consumo interno de madera es de fuentes ilegales; esta actividad delictiva ocasiona 8% de la deforestación del país. Fueron 3,800 millones de dólares de la balanza forestal negativa en 2001; en 2013 alcanzó 6,005 millones de dólares. Alrededor de 15 millones de hectáreas del país tienen alto potencial forestal, pero sólo se aprovecha la mitad. Y 12% fue el aumento productivo de madera en cuatro años; la meta a 2018 es subirla en 88%. (con información de Milenio)
