A seis meses del atentado contra Erik Saracho, no hay detenidos ni avances en la investigación
Organizaciones ambientales y defensoras de derechos humanos denuncian falta de resultados por el ataque contra el activista ocurrido en San Pancho y piden que la Fiscalía General de la República atraiga el caso ante la presunta intervención de intereses criminales y económicos.
Por Osvaldo Granados
A seis meses del atentado contra el defensor ambiental Erik E. Saracho Aguilar, ocurrido el pasado 11 de marzo en San Francisco, Nayarit, no existen avances públicos sobre la identificación de los responsables, de acuerdo con un posicionamiento difundido este 13 de septiembre por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
La carpeta de investigación por asesinato calificado en grado de tentativa, identificada con el número RH/01157/2026, permanece en la Fiscalía de Nayarit y, según los firmantes del comunicado, hasta ahora no se ha informado públicamente sobre responsables materiales o intelectuales.
El caso vuelve a poner bajo presión la actuación de las autoridades en una región donde el crecimiento turístico e inmobiliario ha generado conflictos por el territorio, el medio ambiente y el desarrollo urbano.
UN ATENTADO EN UNA ZONA DE ALTA PRESIÓN INMOBILIARIA
Saracho Aguilar dirige desde 2008 Alianza Jaguar, A.C., organización enfocada en la conservación del jaguar y su hábitat, así como en la protección del equilibrio ecológico y socioambiental de la región.
Su trabajo se ha desarrollado principalmente en la costa sur de Nayarit y norte de Jalisco, actualmente integrada en una dinámica metropolitana entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta.
Las organizaciones señalaron que durante más de dos décadas Saracho y otros activistas han cuestionado procesos inmobiliarios que consideran depredadores y han vigilado proyectos que podrían afectar ecosistemas y comunidades.
Según el comunicado, esa labor le ha generado campañas de desprestigio, estigmatización, calumnias y demandas legales.
TAMBIÉN ENFRENTA UNA DEMANDA SLAPP
Los firmantes recordaron que desde 2018 Saracho enfrenta una demanda conocida como SLAPP, mecanismo utilizado para referirse a litigios estratégicos contra la participación pública.
De acuerdo con el posicionamiento, el procedimiento también involucra a otros cuatro defensores ambientales y ha derivado en el congelamiento de cuentas bancarias y restricciones relacionadas con su actividad, además de mantener vigente la amenaza de una reclamación económica por supuesto daño moral y económico.
Las organizaciones sostuvieron que este contexto debe ser considerado al investigar el atentado, aunque la posible relación entre esos conflictos y el ataque deberá ser determinada por las autoridades mediante la investigación correspondiente.
PIDEN QUE LA FGR ATRAIGA EL CASO
Ante lo que consideran falta de resultados y debido a la probable implicación de grupos criminales y de poder, las organizaciones solicitaron a la Secretaría de Gobernación intervenir para que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
También pidieron fortalecer las medidas de protección para Saracho y su familia, quienes, según el comunicado, tuvieron que abandonar su comunidad después del atentado.
Entre las exigencias planteadas está garantizar una investigación efectiva que permita identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del intento de homicidio.
QUIEREN MAYOR VIGILANCIA A LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS
El posicionamiento también exige reforzar las labores de inspección y vigilancia sobre las obras y proyectos turísticos e inmobiliarios en la costa de Nayarit, particularmente en los municipios de Bahía de Banderas y Compostela y con especial atención en San Francisco.
Las organizaciones demandaron que los desarrollos se ajusten al marco legal y que se corrijan las tendencias que consideran irregulares.
Además, plantearon la aplicación y armonización del Artículo 9 del Acuerdo de Escazú, relativo a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
El objetivo, señalaron, es fortalecer la protección de quienes realizan labores de defensa ambiental en territorios sometidos a una fuerte presión inmobiliaria.
SEIS MESES DESPUÉS, EL CASO SIGUE ABIERTO
El atentado contra Saracho no terminó con su vida, pero las organizaciones consideran que la falta de resultados puede convertirse en otro mecanismo de presión contra quienes defienden el territorio.
El comunicado advierte que el caso debe convertirse en un referente sobre la capacidad del Estado mexicano para responder ante agresiones contra defensores ambientales y evitar que la violencia termine silenciando las denuncias.
Hasta ahora, la información difundida por las organizaciones no reporta personas detenidas ni responsables identificados públicamente por el ataque.
