Debe, negocia y se queda: el caso del funcionario que exhibe los privilegios dentro del gobierno municipal
Mientras cualquier comerciante común corre el riesgo de ser clausurado o perder permisos por incumplir con sus obligaciones fiscales, el gerente de Prosperidad y Desarrollo Económico obtuvo un cómodo convenio para pagar sus adeudos descubiertos por no pagar su licencia municipal de funcionamiento de su restaurante con venta de alcohol
Por Osvaldo Granados
En muchos gobiernos, descubrir que un funcionario responsable de promover el cumplimiento de las obligaciones empresariales acumuló durante años adeudos por licencias municipales habría significado, cuando menos, su separación inmediata del cargo mientras se aclaraba la situación, en Puerto Vallarta ocurrió exactamente lo contrario.
Juan Pablo Martínez Torres, actual gerente de Prosperidad y Desarrollo Económico del Ayuntamiento, no solo conservó su puesto después de hacerse público que el restaurante de él y su familia operaba con adeudos en licencias y permisos municipales, sino que además recibió facilidades para cubrir una deuda superior a los 155 mil pesos acumulada entre 2023 y 2026.
Los documentos oficiales de la Tesorería Municipal revelan que la empresa Basilio Cuatro Torres S. de R.L. de C.V., responsable del establecimiento ubicado en la colonia Fluvial Vallarta, mantenía pendientes pagos de licencia municipal para giro restringido, multas, recargos e intereses derivados de varios años de incumplimiento.
Lejos de una sanción ejemplar, la solución fue un convenio de pago autorizado por la propia autoridad municipal.
CUANDO EL DEUDOR ES FUNCIONARIO, HAY FACILIDADES
El convenio 121/2026, firmado el pasado 2 de junio, permitió reducir la presión inmediata sobre el adeudo mediante un pago inicial de apenas 28 mil 300 pesos y diferir el resto —126 mil 797 pesos— a seis mensualidades.
Es decir, mientras inspectores municipales realizan operativos constantes contra pequeños negocios por faltas administrativas o retrasos en pagos, un funcionario de alto nivel obtuvo tiempo y facilidades para ponerse al corriente.
La autorización fue otorgada por la Tesorería Municipal encabezada por Hugo Alberto Robles Cibrián.
El expediente incluye adeudos por licencias de bar en restaurante correspondientes a cuatro ejercicios fiscales consecutivos, además de multas por giro restringido, placas y diversos recargos.
NI RENUNCIÓ NI FUE REMOVIDO
La situación se volvió pública después de que la regidora Melissa Madero exhibiera en sesión de Ayuntamiento que el establecimiento no se encontraba al corriente en sus obligaciones municipales.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en administraciones donde los conflictos de interés obligan a tomar distancia o presentar una renuncia temporal, Juan Pablo Martínez Torres permaneció en el cargo sin mayor problema.
El alcalde Luis Ernesto Munguía dijo que investigaría al respecto, pero no tomó acciones administrativas. Por el contrario, el funcionario ha continuado representando al gobierno municipal en actos públicos y eventos oficiales.
DEL ESCÁNDALO A LOS EVENTOS DE GALA
Apenas este fin de semana, Juan Pablo Martínez Torres fue visto participando activamente en actividades relacionadas con la inauguración de la Domósfera y la Zona Fan del Mundial en Puerto Vallarta, uno de los proyectos turísticos más promovidos por la actual administración.
Mientras la polémica por sus adeudos sigue vigente, el funcionario continúa apareciendo en eventos sociales, empresariales y gubernamentales como uno de los rostros visibles del gobierno municipal.
Para diversos sectores empresariales y ciudadanos, el mensaje resulta inevitable: en Puerto Vallarta parece haber dos varas para medir el cumplimiento de la ley. Una para comerciantes y contribuyentes comunes, quienes enfrentan multas, clausuras y procedimientos administrativos. Y otra para quienes cuentan con relaciones políticas, influencia o cercanía con los círculos de poder.
LA OMISIÓN Y EL AMIGUISMO
Aunque parte del adeudo se originó antes de que Martínez Torres ingresara al gobierno municipal, el convenio fue firmado cuando ya ocupaba un cargo público de primer nivel.
Esa circunstancia ha alimentado cuestionamientos sobre privilegios, conflictos de interés y la aplicación discrecional de los mecanismos de cobro por parte de la autoridad.
Más aún cuando el propio funcionario construyó parte de su imagen pública como dirigente empresarial, primero al frente de Coparmex Puerto Vallarta y posteriormente como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, organismos que históricamente exigen legalidad, transparencia y cumplimiento de obligaciones empresariales y gubernamentales.
