Acusan al Ayuntamiento de Vallarta de ignorar medida urgente de protección para "mujer en riesgo"
La CEDHJ recibió una denuncia formal contra el Ayuntamiento de Puerto Vallarta y la Comisaría de Seguridad Pública por la presunta negativa reiterada de entregar el dispositivo de protección “Pulso de Vida”, aun cuando existían oficios urgentes y medidas solicitadas desde 2025.
Por Osvaldo Granados
La regidora Melissa Madero presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en contra del gobierno municipal de Puerto Vallarta, al señalar una presunta omisión grave en la entrega del dispositivo de geolocalización “Pulso de Vida” a una mujer víctima de violencia que cuenta con riesgo documentado y proceso penal activo contra su agresor.
La denuncia responsabiliza directamente al presidente municipal Luis Ernesto Munguía González y a la Comisaría de Seguridad Pública, al considerar que las autoridades municipales ignoraron de manera reiterada solicitudes formales y oficios emitidos por instancias estatales que advertían la urgencia de activar la medida de protección.
PROTECCIÓN SOLICITADA EN TRES OCASIONES
De acuerdo con documentos oficiales de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, el 5 de febrero de 2026 se envió un oficio dirigido al alcalde y al comisario de Seguridad Pública solicitando, por tercera ocasión y con carácter urgente, la asignación inmediata del dispositivo electrónico de seguridad “Pulso de Vida”, luego de que la víctima no obtuviera respuesta favorable a solicitudes previas realizadas en agosto y noviembre de 2025.
El escrito, firmado por la Coordinación General de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, establece la necesidad de brindar atención inmediata y aplicar las medidas necesarias de protección ante el contexto de violencia denunciado.
QUEJA FORMAL POR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
El documento de queja presentado ante la CEDHJ señala que la omisión de las autoridades municipales constituye una vulneración a derechos fundamentales, al impedir la implementación de una medida diseñada precisamente para prevenir agresiones de consecuencias irreparables.
En el recurso se solicita la intervención urgente del organismo estatal y la emisión de medidas cautelares para que el Ayuntamiento entregue, active y capacite a la víctima en el uso del dispositivo de protección en un plazo inmediato, además de requerir un informe oficial que explique las razones del incumplimiento reiterado.
RIESGO DOCUMENTADO Y MEDIDAS SIN EJECUTARSE
La denuncia sostiene que el caso evidencia un patrón preocupante: las órdenes de protección existen, la tecnología está disponible y el riesgo se encuentra acreditado, pero la autoridad municipal no ha ejecutado la medida, lo que mantiene expuesta a la víctima y coloca el caso bajo el escrutinio de organismos defensores de derechos humanos.
La resolución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinará si existieron responsabilidades administrativas o violaciones a derechos humanos derivadas de la presunta omisión institucional.
