Declaran “abandono de cargo” de Nicolás Maduro, pero no lo echan
El congreso usó la última carta constitucional que le quedaba para terminar el mandato del presidente antes de tiempo; Trribunal Supremo asegura que es ilegal
A pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia decretó que la Asamblea Nacional carece de atribuciones para destituir al Presidente de la República, en su primera sesión del 2017, el Poder Legislativo declaró el “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro; lo cual, según los diputados de oposición, permitirá realizar elecciones en el país.
“El Gobierno de Nicolás Maduro es totalmente fallido y forajido. El abandono de cargo es la forma de resolver la crisis. Se abandona cuando no se cumple debidamente con las funciones correspondientes”, explicó el diputado Henry Ramos Allup, ahora como expresidente de la AN.
En el debate que comenzó el diputado Juan Pablo Guanipa, y en el cual participaron seis parlamentarios, los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alegaban que el abandono de cargo ocurrió con la “gestión ineficiente de Maduro”, como lo definió Enrique Márquez; mientras que sus homólogos oficialistas calificaron la medida como un “plan para promover la desestabilización”, según dijo Pedro Carreño.
Tras dos horas de discusión, el parlamentario Juan Pablo García, de Vente Venezuela, pidió una votación nominal que terminó por demostrar la abstención de los diputados Teodoro Campos y María Teresa Reyes, miembros de Avanzada Progresista, quienes informaron en la tarde del pasado 8 de enero que no respaldarían la medida de “abandono de cargo” por ser “ineficaz e inejecutable”.
Con una mayoría de 106 diputados, y al grito de “elecciones ya”, el Poder Legislativo votó por aprobar el nuevo decreto amparado en el artículo 233 de la Constitución, que busca una salida electoral a la crisis política, social y económica que afronta el país.
A pocos minutos de iniciar la sesión en la AN en la que está pautada la declaratoria del “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el cual asegura que el Poder Legislativo carece de “atribuciones constitucionales” para destituir al presidente de la República.
“El TSJ, con el firme propósito de mantener la paz, el orden constitucional y la estabilidad democrática de la Nación, invoca el contenido de la sentencia N° 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre de 2016, en la cual, conforme al artículo 336 constitucional y a su jurisprudencia, se ordenó a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de “responsabilidad política” contra el presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”, reza el comunicado emitido ayer.
De acuerdo con dicha sentencia, los parlamentarios tendrán prohibido la convocatoria y la realización de actos que alteren el orden público; así como instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos y otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico.
“El TSJ hace un llamado a utilizar la vía del diálogo como herramienta fundamental para dirimir las diferencias políticas y, en especial, para cumplir los deberes y fines constitucionales, en función de garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”, concluye el informe.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara, enfatizó que la obligación del Parlamento y del resto de la dirigencia de la Unidad Democrática es hacer cumplir la declaratoria de abandono del cargo de la presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro.
Guevara recalcó que existen suficientes razones que justifiquen el abandono del cargo de Maduro, al ser responsable de la peor crisis de la historia de Venezuela, producto de la ineficiencia, la corrupción y el cumplimiento de sus funciones.
“Maduro dejó de ser Presidente de Venezuela y ahora es un dictador. No solamente tenemos que declarar el abandono del cargo, sino hacerlo respetar. Esta AN tiene que convertirse en el principal motor que invoque la rebelión democrática para generar el quiebre de la dictadura y abrirle las puertas a la democracia”, sentenció.
ECHAN A DIPUTADOS PARA SALTAR CERCO JUDICIAL
Minutos después de realizarse la verificación del quorum para dar inicio a la sesión parlamentaria, el diputado Simón Calzadilla solicitó a la directiva una votación de la plenaria para pedir la desincorporación de los diputados del estado Amazonas que, según la bancada chavista, fueron electos a través de “un fraude” en los pasados comicios del 6 de diciembre de 2015.
La petición recibió el respaldo de la mayoría necesaria, y los representantes indígenas Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana, fueron desincorporados formalmente, como lo exigía el máximo tribunal.
Esta acción intenta eliminar el desacato decretado por el TSJ sobre la Asamblea Nacional, a pesar de que el diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que esta decisión no sería suficiente para considerarse liberados de la medida.
No porque (los parlamentarios de oposición) lleguen y digan ‘vamos a desincorporar a los diputados de Amazonas‘, salen de desacato. Ellos siguen en desacato. Julio Borges fue designado presidente con AN en desacato. La anterior (directiva) es la que está vigente”, dijo Diosdado Cabello.
ALISTAN DIÁLOGO SIN APOYO DEL VATICANO
El gobierno convoca a una próxima reunión el 13 de enero; la oposición no asistirá.
Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), señaló ayer que no está seguro de si el Vaticano participará otra vez en la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición.
A su juicio, las conversaciones entre los principales bandos políticos del país fracasaron, porque el gobierno no cumplió con los compromisos acordados.
Ayer el papa Francisco insistió en que el oficialismo y la mesa de la Unidad Democrática (MUD) deben abogar por el diálogo, con el fin de lograr la paz en Venezuela. “Este planteamiento busca fomentar la confianza mutua, mantener caminos de diálogo y hacer hincapié en la necesidad de gestos valientes”, expresó el sumo pontífice.
El secretario ejecutivo de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (Mud), Jesús Torrealba, dijo que no participarán en la jornada de diálogo con el gobierno venezolano el próximo 13 de enero.
VÍAS PARA SACAR AL PRESIDENTE
Las alternativas buscadas por la oposición para terminar el mandato han sido anuladoas.
§ Referendo revocatorio
El pasado 20 de octubre, tribunales penales (que no tienen injerencia en materia electoral) suspendieron el proceso de recolección de firmas, necesario para iniciar la consulta que ratificaría o sacaría a Maduro del poder.
A fines de abril pasado, la coalición opositora recolectó más de 1.8 millones de firmas para cumplir con el primer requisito exigido por el CNE para activar el revocatorio que consistía en conseguir el apoyo del 1 por ciento de los inscritos en el registro electoral que equivalía a casi 200 mil firmas.
Tras esta primera recolección de apoyos, el Poder Electoral validó 400 mil firmas, más del doble de las necesarias.
§ Declaración de responsabilidad política
El proyecto de acuerdo responsabiliza a Maduro de “la grave ruptura del orden constitucional y democrático, la violación de derechos humanos y la devastación de las bases económicas y sociales de la nación”.
La declaración de responsabilidad sólo tiene un efecto político que no implica ni la destitución ni la remoción del Presidente, pero puede devenir en ulteriores efectos administrativos o penales si así lo consideran pertinentes la Contraloría o el Ministerio Público.
En Venezuela no existe el “juicio político” o impeachment como sí existe en Brasil o México, por ejemplo. Lo que establece la Constitución, en su artículo 222, es que el Parlamento “en ejercicio del control parlamentario, podrá declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas”.
El 15 de diciembre, a horas de que la AN aprobara la declaración de responsabilidad política en contra del presidente venezolano, el máximo tribunal de Venezuela declaró “nulo” el proceso.
El TSJ ordenó a los parlamentarios abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de “responsabilidad política” contra el presidente de la República y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre “al margen de sus atribuciones constitucionales”.
§ Declaración de abandono de cargo
La MUD argumenta que puede declarar el abandono de cargo en función de lo determinado en el artículo 233 de la Constitución que dice que la AN puede declarar la falta absoluta de la cabeza de Estado.
Para que la falta absoluta tenga el efecto político que busca la oposición -la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales– el Parlamento debe declararla antes del 10 de enero. De lo contrario, “si la falta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el vicepresidente Ejecutivo o vicepresidenta Ejecutiva asumirá la presidencia hasta completar el periodo constitucional” dice el artículo.
Para justificar el abandono de cargo, la oposición se ampara en el artículo 232 que dice: “El Presidente de la República es responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos así como la independencia, integridad, soberanía del territorio y defensa de la República”, para argumentar que el presidente Maduro no cumplió con sus atribuciones.
A pocos minutos de iniciar la sesión en la Asamblea Nacional en la que está pautada la declaratoria del “abandono de cargo” del presidente Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un comunicado en el cual asegura que el Poder Legislativo carece de “atribuciones constitucionales” para destituir al Presidente de la República. (Con información de La Razón)
