CDMX inaugura espacios para consumo tolerado de marihuana
La capital abrió áreas supervisadas para consumo de marihuana, aunque persisten denuncias de criminalización.
Redacción AZNoticias
El Gobierno de la Ciudad de México inauguró recientemente espacios públicos destinados al consumo tolerado de cannabis, conocidos como ‘paraísos 4:20’. Sin embargo, colectivos cannábicos advierten que persisten prácticas de hostigamiento por parte de la policía, debido a vacíos legales que mantienen la criminalización.
El pasado 6 de agosto, en la Plaza de la Concepción, activistas denunciaron que agentes de seguridad intervinieron de manera violenta contra un consumidor que se retiraba del lugar, a pesar de que el horario oficial establecido es de 8:00 a 20:00 horas. “A pesar de ser un espacio seguro por parte del gobierno, sigue siendo inseguro por la actuación de la policía, que continúa amedrentando a la comunidad”, señaló Norma, integrante de la colectiva Hijas de la Cannabis.
Los campamentos cannábicos surgieron desde 2021 tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la prohibición del consumo recreativo. Hoy, algunos permanecen frente al Senado y al Museo de Memoria y Tolerancia, mientras que otros fueron reubicados a zonas como la Plaza Simón Bolívar.
Para Popeye, del colectivo Comuna 4:20, los nuevos espacios representan un avance hacia la desestigmatización, aunque insistió en que la regulación es urgente. “Lo que queremos es que dejemos de ser violentados y estigmatizados”, expresó.
La llegada de estas áreas también ha generado opiniones encontradas entre vecinos. Moisés San Juan, habitante de la Plaza de la Concepción, consideró positiva la medida: “Es lo mejor, porque está la autoridad de por medio, y eso hace mucho bien, tanto para la sociedad como para ellos también, que sean aceptados poco a poco”.
En estos puntos, además, personal del gobierno orienta sobre trámites de amparo para el autocultivo y consumo personal ante la Cofepris, aunque los colectivos insisten en que una legislación clara es indispensable para garantizar los derechos de los usuarios.
