Cárcel para diputados que pidan “mochada”; plantea Senado 14 años de prisión
El Senado aprobó por unanimidad en comisiones los nuevos tipos penales en materia anticorrupción, con la innovación de considerar cohecho la práctica de diputados federales y estatales de solicitar una tajada económica a alcaldes u otros actores políticos y sociales a cambio de asignar partidas del presupuesto federal, para castigarlos hasta con 14 años de cárcel
El Senado aprobó por unanimidad en comisiones los nuevos tipos penales en materia anticorrupción, con la innovación de considerar cohecho la práctica de diputados federales y estatales de solicitar una tajada económica a alcaldes u otros actores políticos y sociales a cambio de asignar partidas del presupuesto federal, para castigarlos hasta con 14 años de cárcel.
Además, decidieron castigar hasta con 12 años de cárcel al particular que mienta sobre la riqueza que obtiene de las concesiones, contratos y permisos de explotación los bienes nacionales; con seis años de cárcel a los particulares que presuman o utilicen su cercanía con los servidores públicos para negociar con beneficios para sí o para otra persona.
Aprobó también inhabilitar hasta con 20 años a los servidores públicos y particulares corruptos e impedirles participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; y castigar con hasta nueve años de cárcel a quien “obtenga, exija o solicite sin derecho o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes y servicios”.
Y decidió poner alto al uso de prestanombres para ocultar fortunas.
Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos”, dice el dictamen.
Aclara que “no será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis (…) En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos”.
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron ayer, entre otros puntos, incluir en el delito de cohecho, tipificado ahora en el Código Penal Federal como uno de los Delitos por Hechos de Corrupción, la especificación de que se castigará con prisión mínima de tres meses y máxima de 14 años a los legisladores que incurran en solicitar una tajada económica, a cambio de incluir partidas específicas en los presupuestos anuales.
El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos respectivo, gestione o solicite la asignación de recursos en favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie, distinta a la que corresponde por el ejercicio de su encargo”.
O que solicite “el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios en favor de determinadas personas físicas o morales”.
Especifica que se castigará como cohecho “a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamientos a que se refieren los incisos a y b”, que hacen mención a las “mordidas” que los legisladores pueden solicitar.
De esta forma, a tres años de que un alcalde panista denunció a diputados federales panistas de pedirle moche a cambio de otorgar los presupuestos que necesitaba para obras, el Senado decidió por unanimidad, en comisiones, castigar cualquier intento de repetir esta práctica.
Pero también se castigará hasta con 14 años de cárcel a los particulares que den, entreguen o prometan cualquier beneficio a un servidor público para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.
Los legisladores aprobaron considerar como tráfico de influencias, que se castiga con cárcel de dos a seis años, “al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro”.
LA 3DE3 NO ESTÁ DESCAFEINADA
Las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses son un requisito, afirma el senador
Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción en el Senado de la República, negó que la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como Ley 3de3, se encuentre descafeinada.
Afirmó que las tres declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses seguirán siendo obligatorias para los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal; sin embargo, reconoció que se modificó el dictamen “a petición de los ciudadanos” para que sean ellos los que realicen los formatos.
El representante legal de estos 634 mil ciudadanos nos pidió que nosotros no hiciéramos los formatos de las declaraciones y que fuera el Comité de Participación Ciudadana, es decir, que sean los ciudadanos los que hicieran los formatos de declaraciones y nosotros acogimos esta propuesta”, explicó.
En entrevista con Yuriria Sierra para Grupo Imagen Multimedia, el senador del Partido Verde insistió en que la Ley de Responsabilidades Administrativas aprobada en las comisiones unidas de Anticorrupción, Justicia y Estudios Legislativos, y que será presentada hoy en el pleno, no exime la obligación a los servidores públicos.
Explicó que el Senado elegirá a un comité evaluador de distinguidos académicos y personas especializadas en el tema para que a su vez elija a los ciudadanos que diseñarán los formatos de las declaraciones.
Los senadores no vamos a votar directamente por los ciudadanos, serán estos académicos distinguidos los que elijan a los ciudadanos”, declaró.
Finalmente, Pablo Escudero negó que de su parte exista temor en hacer públicas las declaraciones por un tema de seguridad y argumentó que se deja a responsabilidad de los ciudadanos decidir qué se hace público y qué no.
Que los ciudadanos hagan el formato y que ellos digan todo lo que tiene que ser público y que ellos decidan respecto a los derechos de los terceros”, concluyó el legislador del partido Verde.
-Redacción
IP HARÁ DECLARACIÓN PATRIMONIAL
En medio de tres intentos del PAN por frenar su aprobación y con la amenaza de que se formará un bloque opositor para imponer la versión original de la llamada Iniciativa 3de3, el pleno del Senado aprobó esta madrugada incluir al sector privado en la obligación de hacer pública su riqueza, con las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, a propuesta de Acción Nacional.
Interrumpida durante varios minutos por la protesta de los panistas a la decisión de la mayoría del Senado de aprobar el mando único policial, sin la presencia del PAN, que anunció desde el jueves pasado que no iba a aprobar ese tema, a pesar de que ya lo había comprometido, que pintó la sesión con acusaciones en contra del coordinador priista Emilio Gamboa, la sesión se desarrolló en el rumbo de centrar el debate en las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
El Senado avaló las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción y aceptó el adendum presentado la noche del lunes, en el cual se hace un cambio sustancial al tema de la declaración pública de la riqueza de los servidores públicos.
Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”, que contiene el Adéndum.
Sin embargo, los senadores del PRD y del PAN anunciaron que no están satisfechos con esta redacción y esta madrugada iban a buscar un acuerdo para votar juntos y vencer la oposición del PRI, a fin de que se abra plenamente la información y se haga pública, sin que exista límite alguno.
Los senadores aprovecharon la discusión en lo general para lanzar acusaciones mutuas. El PAN, en voz de Marcela Torres, dijo que “hemos sido testigos de uno de los sexenios más corruptos de la historia”; la priista Lilia Merodio dejó en claro que las transiciones de poder que se registraron el 5 de junio, durante las elecciones, demuestran que los ciudadanos están hartos de la corrupción de los políticos que no han sabido renovarse.
El PRD citó casos notorios de enriquecimiento de gobernantes, la mayoría emanados del PRI, pero también admitió que la transición ha generado que esa corrupción también ha tocado a otros gobiernos, de partidos distintos.
Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción, instó a aceptar los avances logrados en estos meses de discusión; como el castigo a candidatos a puestos de elección popular que se dejen consentir por particulares para buscar beneficios económicos y políticos con miras a su triunfo electoral.
TERMINARON TRES MESES DE GOLPETEO
Después de tres meses de discusiones, de estrategias mediáticas y juego político, y tres intentos del PAN por frenar las votaciones, al Senado le bastaron sólo 144 minutos para aprobar las primeras tres de las siete leyes y reformas que integran el paquete de combate a la corrupción, tanto en el sector público como entre particulares.
Desde que en marzo pasado, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, anunció el plan de que la discusión de la reforma secundaria iba a partir de la propuesta que él y el priista Enrique Burgos trabajaron, las principales fuerzas políticas en la Cámara de Senadores comenzaron una batalla destacadamente mediática.
Una estrategia que partió del principio de que el PRI es el único que incurre en actos de corrupción, mientras que el PAN y el PRD no tienen ese problema y, por lo tanto, los tricolores eran los únicos responsables de la corrupción en el país y, en consecuencia, se oponía a intentos por combatirla.
Y, por el otro lado, el PRI y su aliado, el Verde, respondían constantemente que la oposición tiene la mayoría de votos en el pleno y, por lo tanto, podían aprobar las leyes que quisieran.
En ese pleito quedaron en medio los representantes de organizaciones sociales que, respaldados por 600 mil firmas, promovieron una propuesta para crear una nueva Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que el uso popular redujo a su denominación Iniciativa 3de3, que hace referencia sólo a uno de sus artículos que pide la publicación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.
El grupo de ciudadanos decidió primero trabajar con los senadores del PAN y el PRD, para combatir como un frente a la supuesta muralla priista que se oponía a las leyes anticorrupción, a pesar de que estas leyes parten de la reforma constitucional aprobada por unanimidad.
Pero las fallidas reuniones en las que se intentó desahogar el tema, que no llevaron a ningún punto en concreto, llevaron a las organizaciones a trabajar con el PRI y el Partido Verde, pero a lo largo de diversas semanas, los legisladores mantuvieron las batallas mediáticas que concluyeron hasta la madrugada de este martes 14 de junio, cuando en 94 minutos las comisiones unidas aprobaron las dos primeras leyes por unanimidad y en 50 minutos de la mañana, respaldaron por mayoría la nueva Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Pero esta fase final del proceso legislativo mostró a un PAN que parecía no querer avanzar. Primero, la noche del lunes se retiró del Senado y provocó el retraso de la aprobación, que se fue hasta la madrugada de ayer.
Anoche, el presidente del Senado, Roberto Gil, que es panista, anunció una propuesta de suspender la discusión, presentada por su compañero Ernesto Ruffo.
Pero la mayoría formada por el PRI, el PRD, el PVEM y el PT lo impidieron.
-Leticia Robles de la Rosa
QUIERE EL PAN UN FISCAL AUTÓNOMO
Después de reunirse con senadores y diputados blanquiazules, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que sólo avalarán un paquete de leyes anticorrupción si incluye un fiscal “autónomo y daltónico, que no distinga colores partidistas”, y si las declaraciones de la plataforma 3de3 son públicas.
En San Lázaro, tras una encerrona con la diputación panista, el dirigente se dijo seguro de que los legisladores de su partido “actuarán como un sola pieza” en la defensa de la regulación secundaria planteada en el Senado ahora para dar sustento al Sistema Nacional Anticorrupción.
Confió el presidente del PAN en que esta vez el PRI se sumará a la iniciativa ciudadana porque, alegó, “sería irresponsable e increíble” que después de lo sucedido en las urnas el 5 de junio desoyera el reclamo ciudadano de castigar a los corruptos.
El PAN va unido en este tema, a favor de la publicidad de las declaraciones, exactamente en los términos de la plataforma 3de3. Ahí están los formatos en 3de3.mx, los hacemos nuestros. Son dos temas centrales. El PAN será un PAN de una sola pieza en estos dos temas”, confió.
Adelantó que para los legisladores del PAN “sería absolutamente innegociable que el fiscal fuera un personaje a modo de algún partido”.
Estamos esperando una Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónoma, independiente, implacable, y lo digo con claridad, que revise parejo, de manera daltónica sin distinguir colores partidistas”, planteó. (Con información de Excélsior)
