Las denuncias también incluyen delitos patrimoniales y electorales, así como aquellas referentes a la empresa OHL y el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente. 

La Fiscalía General de la República (FGR) va por el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien investiga por diversos delitos federales como el lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales y relacionados con transferencias internacionales.

De acuerdo con la dependencia, por ahora solo se desarrollan procedimientos de investigación en distintas carpetas en contra del priista, pero ya tiene un sustento por el primer caso de los tres que involucran al exmandatario. Se trata de indagatorias relacionadas con la empresa OHL.

“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, advirtió la FGR.

Según la dependencia ministerial, estos ilícitos incluyen delitos de carácter electoral, así como patrimoniales. Desde abril de 2020, la FGR había concluido que OHL obtuvo una concesión ilegal para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México.

Además, la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero se refirió a las denuncias reveladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 7 de julio.

Pablo Gómez, titular de la UIF, informó de una denuncia a la FGR sobre transferencias por más de 26 millones de 2019 a 2021, depositados en cuentas de Peña Nieto por una familiar consanguínea. El exgobernador mexiquense aseguró de inmediato ese mismo día en su cuenta de Twitter que su patrimonio es legal y todo será aclarado en su momento.

Se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso

Por último, la FGR reportó que existe una tercera carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Pero también necesitan dictámenes fiscales y patrimoniales, los cuales se están desahogando a través de instituciones correspondientes y peritos especializados.

“Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato”, precisó la dependencia ministerial.

Durante la mañanera del presidente López Obrador de este 2 de agosto, se deslindó de intenciones por investigar a quienes le sucedieron, como Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, quienes aún siguen con vida.

Para ello culpó a la prensa de no difundir su propuesta del año pasado, cuando su iniciativa fue aprobada en el Congreso y se facultó al Instituto Nacional Electoral para que decidiera 40% del padrón electoral y entonces se procediera juzgar a los expresidentes. Para que la consulta fuera vinculante se requerían 37.5 millones de votos de la lista nominal, pero solo acudieron a las casillas el 7.1%, es decir, 6.6 millones de votantes.

“No se llegó al número que exige la ley, pero yo cumplí con mi responsabilidad”, se excusó el actual mandatario. Además, las otras denuncias que ha habido fueron enviadas a la FGR y esta debía informar sin mayor problema.

Ya no es un asunto que tenga que ver con el Ejecutivo, con el presidente, yo no estoy promoviendo esas denuncias. Existen; si hay pruebas, la fiscalía, que es autónoma, va a actuar, los jueces

López Obrador ha reiterado que no persigue a sus opositores y cuando llegó a la Presidencia de México en 2018 se propuso una renovación nacional. Sin embargo, la gente decidiría si debían proceder indagatorias contra sus antecesores.

Añadió que no es cómplice de nadie y se debe garantizar la no repetición del daño, además de estigmatizar a los corrputos. Pues según el presidente, éstos quedaban impunes y no perdían su prestigio. Ahora que han resurgido las pesquisas en la FGR, apuntó que eso le da margen para no ser considerado como alguien que protege a otros.(Con información de Infobae)

Tribunal federal revocó suspensión de juez de Nuevo León sobre Alejandro Moreno, líder del PRI. 

El Primer Tribunal Colegiado en Materia del Cuarto Circuito revocó las suspensión que impedía a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundir audios o realizar pronunciamientos sobre el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Esta revocación se dio bajo el argumento de que el juez de Nuevo León, quien había otorgado la suspensión, carecía de competencia legal para emitir su resolución, porque al principio había declinado competencia legal para conocer el asunto.

“Jurídicamente no fue correcto que el juez de Amparo admitiera la ampliación de la demanda, puesto que ya se había declinado a la competencia y, por ello, no podía pronunciarse sobre ese tópico hasta en tanto el Juzgado residente en Campeche le informara si la acepta o no, quien en todo caso estaría obligada a proveer sobre la ampliación de la demanda y la suspensión del acto”, se menciona en la revocación.

En semanas pasadas, la gobernadora de Campeche por Morena ha publicado en sus redes sociales y en su programa en internet Martes de Jaguar audios del dirigente priista, en los cuales él presuntamente confiesa que su partido ha recibido dinero ilegal para las campañas de sus candidatos y se le escucha hablar sobre cómo justificar 12 millones de pesos.(Con información de Forbes)

Estas respuestas confirman que Liconsa no cuenta con documentación que acredite la recepción de los materiales contratados. 

Hasta junio de este año no existen registros de la entrega de 400 mil litros de leche procesada y 13 mil 216 kilos de grasa butírica que de manera diaria se comprometió a entregar Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa, luego de que en diciembre de 2019 Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) firmó dos contratos con esa compañía para este fin por un monto de 4 mil millones de pesos.

A dos años de que comenzaron las revisiones financieras a Segalmex, Diconsa y Liconsa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto de las irregularidades detectadas por más de 12 mil millones de pesos en estas instituciones, Liconsa respondió a dos solicitudes de información pública realizadas por La Jornada, en las que afirma: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo vendida a Liconsa SA de CV de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

En abril de 2022, Ignacio Ovalle Fernández fue sustituido como director de Segalmex por Leonel Cota Montaño, y los contratos firmados de manera irregular con diversas empresas involucradas en actos de corrupción fueron cancelados en ese momento o antes. Ese es el caso de los convenios suscritos con Grupo Vicente Suárez 73. Sin embargo, las investigaciones continúan por parte de la ASF, la Fiscalía General de la república (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

A raíz de información recientemente publicada por este diario, se solicitó información de la cantidad de leche en polvo, así como los informes mensuales de la compra que Liconsa realizó de productos lácteos y otros derivados de leche a Grupo Vicente Suárez 73.

De la misma manera, se pidió a Liconsa que proporcionara los informes mensuales de la entrega o recursos obtenidos por la comercialización de grasa butírica –que se obtiene de la leche y se usa en la industria alimentaria para adicionar sabor lácteo a los productos– por Grupo Vicente Suárez 73 a Liconsa.

Jorge César Arteaga Castrejón, encargado de despacho de la gerencia jurídica institucional de Liconsa, informó a este diario mediante el oficio Liconsa-DC-DG-ILM-099-2022, de fecha 24 de junio: “No se tiene información que proporcionar con respecto a la cantidad de leche en polvo que le ha vendido a Liconsa de diciembre de 2019 a la fecha. Tampoco se tiene información relacionada con los informes mensuales de la compra de productos lácteos u otros derivados de leche a dicho grupo empresarial”.

En tanto, en el oficio Liconsa-UAF-HBRG-217-22, el mismo funcionario respondió que la gerencia de recursos materiales y servicios generales, “después de efectuar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no se localizó información y/o documentación relacionada con convenios vigentes con la empresa Vicente Suárez 73, desde diciembre de 2019, y por consiguiente de la información que pudiera haberse generado”.

De la construcción a la industria lechera

Grupo Vicente Suárez 73 se dedicaba originalmente a la construcción, pero, de acuerdo con información de la ASF, cambió su objeto social en enero de 2020 para incluir entre sus actividades lo relacionado con el procesamiento de productos lácteos.

Los convenios, con vigencia de cinco años cada uno y que en conjunto consideran pagos por hasta 4 mil millones de pesos, fueron firmados, por parte de Segalmex-Liconsa, por René Gavira Segreste, director administrativo y financiero, y Manuel Lozano Jiménez, director comercial de Liconsa, entre otros funcionarios que han sido destituidos y denunciados por las autoridades.

Aunque los convenios eran ilegales, derivaron en pagos a Grupo Vicente Suárez 73 por 140 millones 779 mil pesos en 2020, de acuerdo con la ASF. No obstante, Liconsa no presentó a la auditoría documentación que acreditara la recepción de los servicios contratados.(Con información de La Jornada)

La petrolera del Estado mexicano también registró un volumen de exportaciones promedio de 267.000 barriles por día, una “cifra no alcanzada desde noviembre de 1998″ 

El alza en el precio del petróleo a nivel internacional, impulsado por la guerra en Ucrania, empujaron al alza las rentas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Las utilidades netas alcanzaron 131.378 millones de pesos durante el segundo trimestre del año, de acuerdo al reporte financiero trimestral de la empresa publicado este jueves. Esto implica un incremento de 814% de lo generado en el mismo periodo el año pasado.

“Este resultado se explica principalmente por los mayores ingresos por ventas, la reversión del deterioro de activos y el aumento en otros ingresos por el reconocimiento del crédito fiscal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)”, dice el reporte a inversionistas publicado en su página web. El IEPS es el impuesto que el Gobierno mexicano pone a los combustibles.

La empresa informó que el volumen de exportación de crudo alcanzó un promedio de 267.000 barriles por día, un nivel no visto desde finales de 1998. La venta de gasolinas incrementó un 21%; la de turbosina un 65% y la de diésel un 47% respecto del mismo periodo del año anterior.

“Si bien es cierto que se registraron altos precios durante este primer semestre, el director general [Octavio Romero] señaló que, durante otros ejercicios con niveles de precios similares y mayor producción, se obtuvieron resultados muy por debajo e inclusive pérdidas”, aseguró Pemex en un comunicado. Los resultados se deben también a un cambio de estrategia para aumentar la plataforma de producción y optimizar el proceso de crudo, agregó la empresa.

Pemex es la petrolera más endeudada del mundo, por lo que bajo la Administración de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal ha hecho transferencias de recursos y ha disminuido la carga fiscal de la empresa para retener su solidez financiera. El presidente busca, además, sellar con nueva legislación que Pemex y la empresa estatal de electricidad, Comisión Federal de Electricidad (CFE), tengan un monopolio en sus mercados, limitando la participación de empresas privadas. Uno de sus proyectos emblemáticos es una refinería en su estado natal de Tabasco.

“Romero Oropeza señaló que, como resultado de estos esfuerzos, el segundo trimestre de 2022 fue el séptimo consecutivo en el que la producción de líquidos mantuvo su tendencia al alza, al presentar un promedio de un millón 776.000 barriles diarios, equivalente a un crecimiento de 135.000 barriles al día en relación con la producción de 2019″, dijo Pemex.(Con información de El País)