Por negligencia, exhorta CEDHJ realizar procesos administrativos contra servidores públicos vallartenses

El 13 de marzo de 2012, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) comenzó una queja de oficio por el fallecimiento de un hombre que se encontraba detenido en los separos ante "evidente situación crítica con herida en cráneo"

 

 

Según la investigación realizada, la unidad PV129 de dicha Comisaría atendió un reporte en el que se señalaba a un sujeto caminando sin precaución entre los vehículos que circulaban por la avenida 16 de Septiembre, esquina con Arboledas, en la colonia La Floresta. Al llegar los agentes, hallaron al agraviado acostado sobre el pavimento con una herida en la cabeza, por lo que solicitaron una ambulancia.

 

Al llegar ésta, dos elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta confirmaron que esta persona se encontraba con una herida en la cabeza y expedía un fuerte olor a alcohol, pero se limitaron a colocarle un vendaje y a manifestarle a los gendarmes que su situación no era grave, que no ponía en peligro su vida, y que no tardaba más de quince días en sanar, por lo que recomendaron que se lo llevaran detenido para evitar que se hiciera más daño.

 

Quedó plenamente acreditado que la detención obedeció a que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol en la vía pública, y que, en el supuesto afán de protegerlo de un posible accidente, fue privado de su libertad por los policías municipales Héctor Ricardo López Rodríguez y Juan Manuel Llanos Tepach, en tanto que los oficiales Guillermo Cruz Hernández y Sergio Gómez Ruiz lo trasladaron a los separos de la Comisaría.

 

“Los oficiales que lo trasladaron también incurrieron en responsabilidad al no elaborar un reporte de policía destinado única y exclusivamente para el caso en cuestión” destacó la CEDHJ. Esto ocasionó que el juez municipal en turno diera por hecho que el agraviado había sido detenido junto con otras personas en estado de ebriedad que, efectivamente, estaban señaladas de causar molestias a la ciudadanía, cuando la realidad es que fue trasladado a los separos con el aparente propósito de evitar que se hiciera más daño.

 

“Los policías Guillermo Cruz Hernández y Sergio Gómez Ruiz incurrieron en omisión desde el momento en que no elaboraron el parte de policía por el arresto, incluso debieron informar al juez municipal en turno sobre las condiciones en que éste se encontraba” destaca Álvarez Cibrian.

 

El juez municipal Raúl Curiel Sánchez, por su parte, incurrió en un indebido desempeño de sus funciones, pues estaba enterado de la inconciencia del detenido y aún así emitió una “resolución” con base en un formato previamente elaborado, en el cual solamente cambia el nombre de los detenidos, el artículo en el que se funda la infracción y el importe de la multa. Incluso manifestó que el agraviado aceptó su responsabilidad y se pronunció por que se procediera conforme a derecho, lo cual no es creíble, puesto que ni siquiera podía sostenerse en pie, mucho menos articular palabras.

 

Fue uno de los policías municipales quien lo identificó y le dijo que tenía una herida en la cabeza, pero que unos paramédicos ya lo habían revisado y colocado el vendaje, razón por la que, para no ocasionarle un sangrado innecesario, optó por no retirárselo y al llenar el formato del parte médico de lesiones únicamente asentó que presentaba una herida de cuero cabelludo, sin especificar sus características y dimensiones. Todas estas irregularidades derivaron en el lamentable deceso.

 

Por otra parte la necropsia practicada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses corrobora que el cuerpo del agraviado presentaba múltiples lesiones, aparte de la herida en la cabeza. También se asentó que la muerte se debió a las alteraciones en los órganos interesados por la hemorragia cerebral, secundario a contusión difusa de cráneo, causa directa de la muerte.

 

“El haber practicado la “revisión médica” en el área del estacionamiento de los separos, debido a que el detenido no podía mantenerse en pie, era un indicador de que se trataba de un asunto delicado y, por ende, no debió tratar el caso de manera superficial” refiere el organismo estatal.

 

En ese sentido, el titular de la entonces Comisaría, remitió a este organismo una videograbación donde puede verse que los elementos de seguridad pública pasaban por fuera de la celda donde el detenido se encontraba tirado en el piso. Incluso cuando ingresaron a otra persona a la celda se observa cómo un policía arrastra con la puerta el cuerpo, sin importarle que no se moviera, además de que uno de los internos le propina tres puntapiés en presencia de un policía, que no hizo nada al respecto.

 

 

En esta investigación la Comisión demostró que hubo una inadecuada prestación del servicio público, por la inapropiada valoración médica y deficiente custodia del agraviado, situaciones que de haberse atendido con la máxima diligencia, habrían generado mayores posibilidades de evitar su muerte. Los elementos de la policía municipal, los adscritos a la unidad de bomberos, la médica en turno y el juez municipal en turno involucrados en el caso, quebrantaron los derechos humanos a la legalidad e integridad personal del agraviado, por lo que este organismo dicta las siguientes:

 

RECOMENDACIONES

 

A Ramón Demetrio Guerrero Martínez, presidente municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta:

 

Primera. Instaure un procedimiento administrativo en contra de los policías Guillermo Cruz Hernández, Sergio Gómez Ruiz, Eoclides Simón Santiago, Roberto Carlos García Ricárdez, Héctor Ricardo López Rodríguez y Juan Manuel Llanos Tepach; de los elementos adscritos a la unidad de bomberos Mario Ángel Pérez Gutiérrez y Alejandro Reyes Acosta; así como de la médica Rosa Verónica Flores García y el juez municipal Raúl Curiel Sánchez. En caso de que alguno de los servidores públicos responsables ya no tenga ese carácter, se ordene agregar copia a su expediente.

 

Segunda. Procure acciones efectivas tendentes a reparar los daños y perjuicios causados por los servidores públicos a su cargo, conforme a derecho, de forma directa y de acuerdo con las pérdidas materiales, económicas y morales que acrediten los deudos.

 

Tercera. Instruya al sistema DIF municipal para que se entreviste con los deudos del agraviado, les atiendan la posible afectación psicológica que el hecho les causó y diseñen un esquema de intervención para prevenir otros casos dentro de su entorno.

 

Cuarta: Realice un protocolo de atención a personas en estado de inconsciencia o semiinconsciencia provocada por agentes químicos a efecto de evitar que aumenten el riesgo de afectación a su salud por la falta de atención médica oportuna.

 

Quinta: Gire instrucciones por escrito a quienes integran el cuerpo operativo y los jueces municipales adscritos a la Dirección de Seguridad Ciudadana para que, cuando se compruebe que los presuntos infractores se encuentren bajo el influjo del alcohol o de alguna sustancia psicotrópica que no les permita comprender la dimensión de sus actos, elaboren constancias de ello y ordenen salvaguardar su integridad física y seguridad personal.

 

Sexta: Que se diseñe y opere una campaña de difusión dirigida a servidores públicos y población en general, mediante la cual se informe y alerte respecto a las causas y consecuencias del exceso en el consumo de alcohol y se propicie erradicar el trato discriminatorio.

 

Las autoridades a las que se dirigen estas resoluciones tienen diez días hábiles, contados a partir de la notificación correspondiente (18 febrero 2013) para que informen a este organismo sobre su aceptación.