Ilegales, 77% de empresas de seguridad privada en México
En territorio nacional hay ocho mil 500 empresas que ofrecen seguridad privada, pero sólo 880 cuentan con registro para operar en ese ramo ante la Secretaría de Gobernación y, otras mil 120 tienen permisos de gobiernos estatales
La seguridad privada en México tiene un valor de mercado cercano a 10 mil millones de pesos anuales con la operación de seis mil 500 empresas, de las cuales, 77 por ciento trabaja en la "clandestinidad e ilegalidad", reveló el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
El presidente de esta organización empresarial del sector, Ricardo Torres Escoletto, afirmó que lo anterior constituye un riesgo más que una solución al problema de la inseguridad en el país.
Señaló que en territorio nacional hay ocho mil 500 empresas que ofrecen seguridad privada, pero sólo 880 cuentan con registro para operar en ese ramo ante la Secretaría de Gobernación y, otras mil 120 tienen permisos de gobiernos estatales.
Más aún, del total, menos de 100 empresas en todo el país están certificadas, ya sea con ISO 9000 ó certificaciones especializadas como la "Basc", organismo sudamericano que avala la calidad del servicio y estructura de una compañía en este ramo.
El propio CNSP ofrece una certificación que avala el estándar de calidad de las empresas afiliadas al organismo -alrededor de 200 miembros-, con lo que se garantiza el servicio de calidad, destacó.
Durante el sexenio anterior, las empresas de seguridad privada sumaron 10 mil en todo el país, pero entre 2011 y 2012 cerraron mil 500 de ellas debido a la falta de clientes que no sienten confianza en sus servicios y "falta de capital de trabajo", destacó Torres Escoletto.
Refirió que por lo general los clientes piden créditos comerciales y pagan a los 45 días y muchas empresas no tienen el suficiente capital de trabajo para solventar ese margen de tiempo, lo que provocó su cierre.
Pese a esta depuración del sector, hay dos mil firmas que tienen registro y seis mil 500 que no cuentan con ningún tipo de permiso en cumplimiento a la Ley Federal de Seguridad Privada o permisos estatales, "que operan a escondidas, en la clandestinidad o ilegalidad", y que representan un riesgo para sus clientes.
Si una firma de este sector opera en dos estados o más, requiere por ley estar registrada; antes se registraban en la Secretaría de Seguridad Pública, pero desde noviembre pasado es ante la Secretaría de Gobernación.
No lo hacen porque les falta estructura, en muchos casos no pagan impuestos y además contratan personal de dudosa capacidad o ética.
Una firma de este sector debe contar con parámetros de calidad para la contratación de su personal, entre ellos, evaluaciones de honestidad y ética, antecedentes no penales, pruebas psicométricas, exámenes médicos, pruebas antidumping, polígrafo (detector de mentiras) y estudios socioeconómicos y de entorno social, entre otros.
Cada elemento es sometido para su aceptación a procesos de capacitación en diversas modalidades que garanticen que serán elementos preparados para el resguardo de instalaciones, bienes patrimoniales o personas, explicó el presidente del CNSP.
Dijo que otro factor que favorece a las empresas bien establecidas, es que los clientes están emigrando a la tecnología. "Ya no es sólo el cuate que te abre la puerta, ahora se requiere de circuitos cerrados de videovigilancia, bardas perimetrales, sensores de movimiento y sistemas de alarmas, entre otros", apuntó.
Estimó que durante 2012 el gasto en dispositivos de seguridad aumentó 15 por ciento por parte de las empresas que desean protegerse, pues calculan que el costo de la inseguridad llega a ser de hasta 12 por ciento de las ventas.
"La seguridad no es un gasto sino una inversión y muchas empresas migran a nuevas tecnologías, lo que va depurando un sector que tiene un valor de mercado de alrededor de 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto"
