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Urgen ejecercer acciones para resolver la situación de un integrante de la comunidad indígena desparecido

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El pasado 24 de octubre del año en curso la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tuvo conocimiento de la presunta desaparición forzada del defensor de derechos humanos Celedonio Monroy Prudencio, integrante de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán, ocurrida en la localidad de Loma Colorada, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco.

 

 

 

EXPLICACIÓN DE LOS HECHOS

 

La cónyuge comunicó a personal de este organismo en la Oficina Regional Costa Sur-Sierra de Amula, que a las 22:25 horas del día anterior un grupo de ocho hombres armados y encapuchados habían “levantado” a Monroy Prudencio luego de destruir su vivienda. Los hombres tripulaban dos camionetas y no pudo identificar si eran oficiales o particulares.

 

Celedonio Monroy se desempeñó como director de asuntos indígenas en la administración municipal de Cuautitlán de García Barragán que finalizó el pasado mes de septiembre, también formó parte del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena, en representación de su comunidad, y es miembro de la Red de Gestores Culturales de Jalisco. El mayor énfasis de su trabajo en meses recientes, lo enfocó en defensa del territorio indígena, así como en la preservación de la reserva de la biosfera que constituye la Sierra de Manantlán.

 

Una vez conocidos los hechos, de forma inmediata el personal de esta Comisión inició sus gestiones ante la Delegación Costa Sur de la Procuraduría General de Justicia; el agente del Ministerio Público Investigador en Cuautitlán de García Barragán; el Juzgado Mixto de Cihuatlán; el Centro Integral de Justicia Regional, así como en la Agencia del Ministerio Público Federal, con sede en Autlán de Navarro, en donde no se encontraron antecedentes de órdenes de comparecencia o aprehensión, o bien, registros de su detención.

 

Asimismo, se realizaron las gestiones necesarias ante la Subprocuraduría “A” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)  y ante la delegación regional de la misma institución, para que se integrara con la máxima diligencia la averiguación previa sobre la desaparición, y que se intensificaran las acciones de búsqueda. Con el mismo propósito se realizó una entrevista con el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado.

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco considera que este "deleznable" hecho aumenta el grado de vulnerabilidad de otros defensores de derechos de la comunidad nahua de nuestro estado, como son los integrantes del Consejo de Mayores de Ayotitlán y diversos actores sociales de la región.

 

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por el Senado de la República el 13 de noviembre de 2007, ha definido la desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

 

La presunta desaparición forzada de Celedonio podría atentar contra una serie de derechos humanos, entre ellos el de la integridad y seguridad personal, y a no sufrir tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como a la dignidad.

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en diciembre de 1998 una declaración para promover y defender la labor de los defensores de derechos humanos, denominada Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos. En su artículo 2.1 consigna que el Estado tiene la responsabilidad primordial y el deber de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la práctica de todos esos derechos.

 

Para honrar estos compromisos adquiridos a escala internacional por el Estado mexicano, el pasado 25 de junio de 2012 se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta tiene como objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, preventivas y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo, como consecuencia de la defensa y protección de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y periodismo.

 

PETICIÓN A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES

 

La falta de respuesta oportuna por parte del Estado ante cualquier agresión a los defensores de derechos humanos constituye un pasivo que debe resarcir mediante acciones contundentes y eficaces con el fin de inhibir y erradicar este tipo de prácticas.

 

Por lo anterior, con la finalidad de evitar la producción de daños de difícil reparación para la parte quejosa y la consumación de nuevos hechos que puedan redundar en violaciones de derechos humanos, se solicitan las siguientes medidas cautelares:

 

Al secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco:

 Primera. Que gire instrucciones a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, así como de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que: 
 a) Intensifiquen de forma inmediata acciones para localizar a Celedonio Monroy Prudencio, identificar a sus captores y en su caso, ejercer las que procedan ante la autoridad jurisdiccional competente, considerando los derechos de la víctima y la respectiva reparación del daño.
 b) Pongan en marcha medidas de protección para salvaguardar la integridad física y seguridad personal de los integrantes del Consejo de Mayores de Ayotitlán, así como de otros actores sociales de la región y de los familiares de Celedonio Monroy Prudencio.
Segunda. Gire instrucciones a los titulares del DIF Jalisco y al Instituto Jalisciense de las Mujeres, a efecto de que se entrevisten de forma inmediata con los familiares de Celedonio Monroy Prudencio y les proporcionen la atención médico-psicológica y asistencia social que resulte procedente como víctimas de este lamentable acontecimiento.
 Al presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán:
 a) Instruya de forma inmediata al titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que implemente acciones para localizar a Celedonio Monroy Prudencio y detener a sus captores.
 b) Diseñe un esquema de seguridad en la zona indígena nahua, con la finalidad de brindar el servicio de seguridad pública a que tienen derecho los pobladores.
 c) Instruya a la titular del Sistema DIF municipal para que se entreviste de forma inmediata con los familiares de Celedonio Monroy Prudencio y les proporcione la atención médico-psicológica y asistencia social que resulte procedente como víctimas de este lamentable acontecimiento.
 A los presidentes municipales de Cihuatlán, La Huerta, Casimiro Castillo, Autlán de Navarro y Villa Purificación:
 a) Instruyan de forma inmediata a los titulares de las diversas direcciones de Seguridad Pública de sus municipios para que coadyuven en tomar las medidas que sean necesarias para localizar a Celedonio Monroy Prudencio y detener a sus captores.
 Se concede a las autoridades tres días hábiles para que se pronuncien sobre su aceptación, y quince para acreditar su cumplimiento.
 

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