Interesa a Guadalajara combatir lavado de dinero
El Ayuntamiento de Guadalajara intenta sumarse de lleno a las labores federales de prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero, a través de un convenio de colaboración a establecerse con la recién creada Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República (PGR)
El Ayuntamiento de Guadalajara intenta sumarse de lleno a las labores federales de prevención y combate de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lavado de dinero, a través de un convenio de colaboración a establecerse con la recién creada Unidad Especializada en Análisis Financiero, de la Procuraduría General de la República (PGR).
El autor del planteamiento es el síndico y responsable del aparato jurídico del Ayuntamiento tapatío, Luis Ernesto Salomón Delgado, quien cuenta ya con un proyecto de convenio con la instancia federal, y que tiene como objetivo central “facilitar la consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se encuentre en las bases de datos del municipio de Guadalajara”.
En el sexenio anterior, de 2007 a 2012 (a su primer semestre), Jalisco se ubicó como la quinta Entidad federativa con la mayor incidencia de operaciones con recursos de procedencia ilícita investigadas por la PGR, con 57 averiguaciones previas, sólo debajo de Sinaloa (357); Sonora, (120); Baja California Sur (99); y Tamaulipas (63). El Ministerio Público federal persiguió dos mil 326 de estos delitos en todo el país, sólo mil 025 están categorizados territorialmente por entidad federativa.
El síndico refirió que la Unidad Especializada en Análisis Financiero, creada por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, expedida el 17 de octubre de 2012, está de por sí facultada para “establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 8, fracción VIII)”, y también para “requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de Gobierno (fracción X)”.
Por eso, de lo que se trata es que esta colaboración obligada entre la PGR y el Gobierno de la segunda ciudad más importante del país, sea eficiente, con un intercambio veloz de información (con información de El informador).
