Presentan transportistas queja contra secretario de Movilidad de Jalisco
El secretario general del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte en Jalisco, Arnoldo Licea González, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra la Secretaría de Movilidad, en específico contra el director de Transporte, Gustavo Flores Degaldillo, por incitar a la población a no pagar el servicio si las unidades no cuentan con el sistema validador de tarjetas de prepago
El pasado 3 de octubre, Flores Delgadillo declaró que las unidades de transporte público que no cuenten a partir del próximo 1 de noviembre con el lector de la tarjeta de Prepago Innova Card, darán servicio gratuito a los pasajeros que cuenten sí con la tarjeta.
En esa ocasión el funcionario aseveró que la medida es con la finalidad de que los transportistas aceleren el proceso de instalación del lector, ya que no habrá planillas en papel de Bienevales y Transvales que son utilizados por estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores.
De acuerdo con Arnoldo Licea, a raíz de la declaración del funcionario estatal dos unidades de transporte público fueron vandalizadas, y uno de los operadores fue agredido.
El líder de los transportistas advirtió que no van a contratar el servicio “por la sencilla razón de que esto violenta los derechos y las garantías de quienes se dedican a prestar el servicio público lícitamente”.
Según Arnoldo Licea apenas 300 de las cinco mil unidades de transporte público de la ciudad cuentan con las máquinas lectoras de las tarjetas Innova Card. “Ahora hay el 1% (con lector de tarjeta), si no los pudieron instalar en seis años, no lo van a hacer en 20 días”, recalcó.
Y advirtió del peligro de que ciudadanos y estudiantes se vuelquen contra el transporte público y empiecen las agresiones. “Es algo muy delicado, incitar a la población. Esto va a recaer en el que menos culpa tiene, que es el conductor y el usuario”, dijo.
Recordó que la secretaría de Movilidad exige a los transportistas que firmen un contrato, un fideicomiso con la empresa TISA, y “ambos documentos son legalmente lesivos y contrarios a derecho” porque, según su dicho, representa un compromiso y costo que no podrán cumplir, debido a la situación económica que prevalece en el sector luego de siete años sin incremento a la tarifa y con alzas en los combustibles, e insumos.
“Mientras los transportistas mueren día a día por la gravedad de la situación económica que atraviesa el sector, la empresa TISA recibiría mensualmente 40 millones de pesos, por recibir recursos que genera la venta diaria, contarlo y regresarlo al transportista”, subrayó el líder de transportista. (Con información de Proceso)
