Se trata de una persona que vive en la capital del estado y que habría tenido contacto con personas de Estados Unidos.

El titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, dio a conocer que de acuerdo a información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) se identificó por primera vez una nueva variante del virus del Sars-Cov2, la que es conocida a nivel mundial como variante de la India, en este caso se detectó en una persona residente de la ciudad de San Luis Potosí.

Explicó que esta variante denominada como B.1.617 que circula principalmente en la actualidad en India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos, fue identificada por primera vez en territorio potosino, ya se hicieron todas las pruebas y se ha confirmado, por lo que esta persona se encuentra aislada y bajo observación.

Añadió que se trata de una persona que de acuerdo al estudio de su caso, estuvo conviviendo con familiares que residen en los Estados Unidos y ahí es donde pudo darse el contagio, esta variante a nivel internacional es considerada “de interés” puesto que entre otras cosas registra una mayor capacidad de contagio.

Por último sostuvo que en San Luis Potosí desde el inicio de la pandemia se han identificado por lo menos 54 variantes del virus del Sars-Cov2, pero la gran mayoría se consideran con variaciones de poca importancia, no obstante esta última sigue bajo estudio a nivel mundial y se está tratando de detectar si además de una mayor facilidad de transmisión también tiene una mayor resistencia a tratamientos médicos y vacunas.

Variante B.1.617 del Covid- 19 proveniente de la India

Dos mutaciones del SARS-CoV-2 fueron halladas por primera vez en la India hace un mes, cuando el país comenzó a sufrir el asombroso repunte de casos que está abrumando su sistema de salud, sin embargo los expertos son cautelosos en atribuir la responsabilidad de la segunda ola a esta cepa.

Las mutaciones de la variante B.1.617, conocidas como "doble mutante" y "triple mutante", que no habían sido vistas antes en ninguna otra parte del mundo, fueron secuenciadas por el Consorcio de Genómica del SARS-CoV-2 de la India (INSACOG), formado por 10 laboratorios nacionales para analizar el comportamiento del virus.

Este descubrimiento coincidió con el vertiginoso inicio de la segunda ola del coronavirus en el país de mil 350 millones de habitantes, que suma cada día más de 300 mil nuevos contagios, y ha hecho que se le atribuya la escalada de casos.

(Con información de El Universal)

De acuerdo a la nueva ley, la pena aumentará cuando el delito sea cometido por la pareja sentimental de la víctima, o por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Olimpia” que es tipificar en el Código Penal Federal el delito de “violación a la intimidad sexual”, la cual castigará con una pena de tres a seis años de prisión y una multa de hasta 90 mil pesos a quien divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su conocimiento, aprobación y/o autorización.

Este dictamen, enviado al Poder Ejecutivo Federal para su publicación y entrada en vigor obtuvo 446 votos a favor y uno en contra, agrega las mismas sanciones a quien videograben, audiograben, fotografíen, impriman o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Se agrega que se impondrán las mismas sanciones previstas cuando las imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual que se divulguen, compartan, distribuyan o publiquen no correspondan con la persona que es señalada o identificada en los mismos.

Además, define que el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad: Cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza. O cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

O cuando se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad para resistirlo o cuando se obtenga algún tipo de beneficio no lucrativo; cuando se haga con fines lucrativos, o cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

Describe que “Violencia digital” es toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia.

Define que la “Violencia mediática” es todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.

Describe que tratándose de violencia digital o mediática para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la Jueza o Juez, ordenarán de manera inmediata, las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa satisfacción de los requisitos de Ley.

(Con información de El Universal)

Alonso Aguilar Zinser, abogado del mandatario tamaulipeco, intentó demostrar la inocencia de su cliente García Cabeza de Vaca, pero no logró convencer a los diputados.

Procede desafuero de García Cabeza de Vaca; se salva Pérez Cuellar El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el senador Cruz Pérez Cuéllar.

La Sección Instructora aprobó el dictamen para quitar el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y este viernes 30 se votará en el pleno.

Se prevé que la mayoría de Morena y sus aliados aprueben la pérdida de fuero del mandatario panista.

A su vez, se desechó la procedencia del desafuero en el caso del senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar.

Con tres votos a favor (dos de Morena y uno del PT) y uno en contra (del PRI) se consideró que la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) contiene las pruebas que acreditan que el mandatario panista habría incurrido en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La sesión virtual de la Sección Instructora comenzó a las 18:30 horas y tras una hora de discusión en privado, los diputados de Morena, Pablo Gómez Álvarez y Martha Patricia Ramírez Lucero junto con la legisladora del PT Mary Carmen Bernal Martínez votaron a favor del desafuero del gobernador tamaulipeco.

La diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla sufragó en contra.

Alonso Aguilar Zinser, abogado del mandatario tamaulipeco, intentó demostrar la inocencia de su cliente García Cabeza de Vaca, pero no logró convencer a los diputados.

En el caso del senador morenista Pérez Cuellar, la Sección Instructora consideró por unanimidad que no procedía el desafuero por no acreditarse las acusaciones.

El legislador chihuahuense está acusado por la Fiscalía estatal de ser presunto beneficiario de recursos ilegales operados por el exgobernador César Duarte Jáquez.

De acuerdo con la indagatoria, el hoy morenista recibió un millón 300 mil pesos del exmandatario, quien hoy enfrenta un proceso de extradición, acusado de peculado y asociación delictuosa por malversación de fondos.

(Con información de Proceso)

Por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México.

Luego de una sesión pública, se estableció que los artículos 15, fracción XLII bis, 176, 180 bis, 180 ter, 180 quater, 180 quintus y Cuarto Transitorio, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “vulneran los derechos de protección de datos personales y de acceso a la información”.

A través de un comunicado, el INAI destacó que la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México transgrede principios de seguridad y certeza jurídica, pues se trata de datos biométricos sensibles.

“Se considera que dicha reforma es violatoria del derecho a la protección de datos personales, al tratar datos biométricos sensibles, trasgredir los principios de proporcionalidad, seguridad y certeza jurídica.

Añadió que otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones facultades que le corresponden a la Secretaría de Gobernación.

Además, restringe la libertad de acceder a información y otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) facultades en materia de acreditación de identidad que corresponden a la Secretaría de Gobernación (SEGOB); y administrativas, en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y de particulares, que corresponden al Congreso de la Unión”.

Comunicado del INAI

De acuerdo con la comisionada Josefina Román Vergara, las reformas a la ley deben someterse a examen constitucional, pues, posiblemente, contravienen la Constitución, así como a los acuerdos establecidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en materia de datos personales.

“Este órgano colegiado estima que la ley impugnada podría considerar un régimen de protección de datos personales contrario a lo previsto en estos parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, puesto que la obtención de datos biométricos identifica de manera única a sus titulares y consistentemente lo vuelve parte de su identidad. Desde nuestro punto de vista, para efectos de identificación, no se hace necesaria la recolección de datos biométricos”. Josefina Román Vergara, comisionada del INAI

Por su parte, el comisionado Adrián Alcalá Méndez consideró que la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es un tema preocupante, ya que puede poner en riesgo los datos personales de los usuarios.

“Contar con una base con los datos biométricos de casi 90 millones de personas, implica medidas de seguridad para garantizar su seguridad y quien posee esta información debe tener la capacidad de implementarlas, pues en ningún lugar del mundo habrá dos personas con las mismas huellas digitales o con los mismos iris. Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI

Alertó que la información podría ser vulnerada y, por ende, causar afectaciones:

Si esta base fuera vulnerada, divulgada o vendida, habría una afectación irreparable, no habría manera de proteger los datos que contiene, pues no hay modo de cambiar nuestros datos biométricos”. Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI

(Con información de UnoTv)