FGR acusa a Peña, Videgaray y Anaya de impulsar red de sobornos para aprobar la reforma energética Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

La Fiscalía General de la República alista una denuncia formal contra el expresidente, el exsecretario de Hacienda y el excandidato presidencial panista, de acuerdo con el portal Animal Político.

La Fiscalía General de la República (FGR) alista una denuncia formal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de Hacienda, Luis Videgaray, por presuntamente haber creado una asociación delictiva para aprobar la reforma energética, en la que también habría participado el panista Ricardo Anaya.

De acuerdo con información difundida por el portal Animal Político, fiscales de la FGR confirmaron que en los próximos meses buscarán formalizar varias acusaciones contra esos tres personajes, relacionadas con la red conformada por Peña Nieto y Videgaray, quienes canalizaron casi 100 millones de pesos --de abril de 2013 a agosto de 2014-- a distintas personas, entre ellas Ricardo Anaya.

Según el portal, la acusación se dio en las audiencias privadas del pasado 8 y 12 de abril, en las que el exsenador del Partido Acción Nacional (PAN) José Luis Lavalle Maury fue imputado por los referidos delitos, que lo mantienen preso en el Reclusorio Norte.

“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, puntualizó el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, tras coincidir con las conclusiones de la FGR.

Según se cita en la publicación, el juez manifestó que tal asociación criminal permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, provenientes de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht.

La entrega del dinero se habría realizado siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en 15 entregas distintas.

En dicha audiencia los fiscales insistieron que desde un principio se echó mano de los sobornos del caso Odebrecht, con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

El dinero se utilizó, por parte de Peña y Videgaray, para facilitar la aprobación de la reforma energética, mediante un esquema de sobornos dirigido a legisladores que se consideraban clave en dicha discusión, entre ellos el priista Penchyna, que lideraba la Comisión de Energía del Senado, y el panista Lavalle Maury, integrante de la misma.

En este esquema, el exsenador Lavalle fue clave, dado que él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero destinado al grupo de legisladores panistas.

(Con información de Proceso)

Las campañas electorales dejaron al descubierto el poder que ejerce el crimen organizado o grupos de poder en cientos de municipios a lo largo del País.

Asesinatos, ataques a vehículos o casas de campaña, balaceras cerca de mítines, amenazas contra actos públicos o para exigir la renuncia de candidatos, prohibición de propaganda en las calles o su destrucción han vivido por casi dos meses aspirantes a Alcaldías o Diputaciones, así como sus equipos, en al menos 200 municipios.

De acuerdo con representantes del PRI, PAN, PRD, Morena y RSP ante organismos electorales, estos puntos conflictivos se ubican principalmente en Veracruz, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Sinaloa, Guanajuato, Puebla y Sonora.

Los partidos de Oposición coinciden en que la entidad más preocupante es Veracruz, ya que existen al menos 30 municipios críticos, como Tantoyuca, Playa Vicente, Jamapa, Cuitláhuac, La Perla, Cosoleacaque y Tezonapa.

En 66 Alcaldías, sin embargo, se han registrado hechos violentos.

Por ejemplo, el candidato del PAN a la Alcaldía de Playa Vicente, Rubén Salinas, suspendió las giras ante amenazas y agresiones.

A su vez, el representante del PRI ante el INE, Gerardo Triana, demandó una mesa de expertos para tomar acciones rumbo a la recta final de la campaña, ya que los candidatos en algunas regiones "viven una situación de miedo".

Incluso, hay decenas de municipios en los que los partidos no designaron a candidatos porque no había condiciones para hacer campaña, mientras que en otros los abanderados han retirado su candidatura.

En Morelos, Chihuahua, en manos del PRI, sólo se postuló a la Alcaldía el morenista José de Loreto por el control del narco.

En el Edomex, los partidos denunciaron que en 19 municipios de la zona sur, desde San Felipe del Progreso, pegado a Michoacán, hasta Tlatlaya, en los límites con Guerrero, no se hizo campaña de manera normal y algunos candidatos renunciaron.

En Michoacán, unos 30 municipios están considerados como problemáticos, donde ha sido difícil la campaña o sólo hay pocos candidatos, como como Aguililla, Briseñas, Cotija, Tumbiscatío, Nuevo Urecho y Tangamandapio

Guerrero: 31 municipios 'en rojo'

Candidatos a la Gubernatura, a Alcaldías y diputaciones locales de Guerrero podrían correr riesgo en su integridad física cuando realicen actos de campaña en 31 municipios donde operan grupos de la delincuencia o las autollamadas policías comunitarias.

Lo anterior forma parte de la alerta que han establecido las autoridades de seguridad federal y estatal a través de un mapa de riesgo que se elaboró para estas elecciones.

Entre los municipios de "alto riesgo" están Acapulco y Coyuca de Benítez, donde operan el CJNG y el Cártel Independiente. Chilpancingo es otra demarcación en color rojo.

En esa situación están también Arcelia, Coyuca de Catalán y Zirándaro en donde opera la Familia Michoacana.

Con información de Jesús Guerrero.

El subgobernador del banco central se desmarcó de las posibilidades de que sea el elegido del presidente López Obrador para ser el responsable de la política monetaria.

Gerardo Esquivel, sugobernador del Banco de México (Banxico), se descartó para ser el sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del banco central. 

En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió un breve comentario sobre las posibilidades de que sea el elegido del presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el responsable de la política monetaria.

Incluso, de manera irónica y en una sola línea, se desmarcó de comentarios que surgieron en redes sociales sobre que sería el nominado para ser el nuevo gobernador de Banxico ahora que Díaz de León termine su periodo en diciembre próximo.  

“A mí ni me apunten. Yo estoy bien de Sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul”, fijó su posición el exasesor económico de AMLO cuando era candidato a la presidencia.

 No obstante, uno de sus seguidores le recordó: “¿Te acuerdas de aquello de 'a mí que me den por muerto'? con semejante antecedente, el 'a mí ni me apunten' tiene una credibilidad bien baja, gerardo. cuando llegue el momento, veremos si se cumple o no tu promesa… justo como con el cruz azul :-)”

Gerardo Esquivel fue nombrado subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) antes de que entrara en funciones el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación tras el triunfo de López Obrador.

No obstante, ante la inesperada renuncia del subgobernador del Banxico, Roberto del Cueto, el Ejecutivo propuso a Esquivel para sustituirlo.

(Con información de El Universal)

Solo 5% (6,375) de los 125 mil candidatos a un cargo de elección popular en el proceso electoral 2021 han presentado y publicado información relevante sobre su situación patrimonial, su declaración de intereses y si están al corriente en el pago de sus impuestos, la llamada #3de3.

Este año, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo General del INE, los partidos políticos asumieron el compromiso de presentar una nueva declaración, la “#3de3 contra la violencia de género”. Al corte del 18 de mayo, solo fue posible identificar 1,040 declaraciones contra la violencia de género.

Transparencia Mexicana, que en 2021 conduce un proceso de observación electoral sobre la disponibilidad y accesibilidad de información para las y los electores, señala en un nuevo informe que es posible identificar más de 245 mil candidatas y candidatos que buscan un cargo de elección popular (125,324 propietarios y propietarias, y 120,029 suplentes), cifras que, por cierto, no están disponibles en ninguna de las plataformas oficiales sobre la elección y tuvieron que ser computadas por un equipo de investigadores de la organización civil.

Transparencia Mexicana señaló que la ausencia de información para las y los votantes tiene, cuando menos, dos posibles explicaciones. Por un lado, los y las candidatas son omisos en compartir información relevante para las y los electores y optan únicamente por la propaganda. Por el otro, las instituciones públicas no ponen a disposición del electorado plataformas sencillas que faciliten a los y las votantes consultar información confiable. “Tenemos un sistema de información electoral diseñado y pensado desde y para los partidos políticos pero no para las y los ciudadanos”, señaló la organización civil.

En un escenario donde las democracias enfrentan un torrente de noticias imprecisas, inconexas o falsas (infodemia), la disponibilidad, el acceso y la pertinencia de la información pública para las y los electores es uno de los pocos antídotos.