El 47% de los mexicanos entrevistados por El Financiero Bloomberg aprueba la compra de la refinería en Houston, Texas.

La decisión de comprar la participación de la refinería tuvo su origen en agosto de 2020. (shell.us)

El 47 por ciento de los mexicanos entrevistados por El Financiero Bloomberg aprueba la adquisición de la refinería Deer Park en Houston, Texas por parte del Gobierno de México.

Mientras que el 38 por ciento de los encuestados desaprueba la compra y el 15 por ciento indicó no saber al respecto.

El lunes, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publicó (SHCP), Arturo Herrera, informó que se tendrá que refinanciar la deuda de la refinería Deer Park, sin que esa operación implique un nuevo endeudamiento o cambiar el techo de financiamiento para 2021.

A pregunta expresa sobre si la operación de compra implica nueva deuda, respondió: “No va a haber deuda, lo que se va tener que hacer es refinanciar deuda que ya existe (en la refinería)”.

El pasado 24 de mayo, contando con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se autorizó comprar a Shell el 50.005 por ciento de la participación accionaria de la refinería Deer Park. Pemex ya poseía el 49.05 por ciento de la participación accionaria de la refinería ubicada en Houston, Texas.

Metodología: Encuesta nacional realizada a 2 mil mexicanos adultos. Se empleó una metodología mixta con 1,000 entrevistas personales, cara a cara, en vivienda del 27 al 30 de mayo, y 1,000 entrevistas por vía telefónica realizadas el 14-15, 28-29 de mayo. Para la encuesta en vivienda se empleó un muestreo probabilístico polietápico con base a las secciones electorales del INE guardando la proporción urbana-rural. Se seleccionaron 84 secciones para aplicar las entrevistas, aproximadamente 12 en cada punto. Para el componente telefónico de la encuesta se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error teórico de la encuesta de +/- 2.2 por ciento para el total de 2,000 entrevistas. La tasa de rechazo total fue de 47% (35% en vivienda y 58% telefónica).

(Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.)

El senador morenista argumenta que el gobernador García Cabeza de Vaca contraviene las facultades concedidas de la federación, entre ellas, la de perseguir delitos del orden federal cometidos por funcionarios.

El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentará ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una solicitud para que convoque a un periodo de sesiones extraordinarias en la Cámara alta, con el fin de declarar la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas. 

En el proyecto elaborado por el senador morenista, argumenta que existen las causales para dicha declaratoria, es decir, los tres poderes estatales han incurrido en violaciones a la Constitución Política Mexicana, por lo que se configuran las conductas que ameritan la desaparición de poderes. 

Ricardo Monreal explica que en el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, además de la presunta dimisión de delitos federales, “ha invocado, manifestado y actuado de hecho en contravención al pacto federal, con el argumento de que su fuero, inmunidad o protección constitucional provienen de la Constitución local y no así de la federal, lo que evidentemente resulta contrario a nuestra Carta Magna”.

Argumenta además, que el mandatario estatal desconoce y contraviene las facultades concedidas de la federación, entre ellas la de perseguir los delitos del orden federal cometidos presuntamente por servidores públicos locales, atribuyéndoselas de forma arbitraria tanto a la Constitución de la entidad federativa respectiva, como a la determinación que, en su caso, realice el Congreso local.

El coordinador de los senadores de Morena expresa su presunción de que García Cabeza de Vaca se ha apartado de sus funciones constitucionales al ausentarse de actos oficiales a los que debió asistir.

“Se tiene conocimiento de que el gobernador ha abandonado el ejercicio de sus funciones de facto, sin que medie para ello renuncia o licencia previa. En tal sentido, debe acreditarse en qué actos debió estar presente o si este realiza sus funciones, ya que, en caso de confirmarse esta situación, se estaría poniendo en riesgo tanto la estabilidad institucional del estado de Tamaulipas, como el pacto federal, al ser omiso en el cumplimiento de las funciones que como mandatario estatal le corresponden”.

Monreal afirma que el Congreso de Tamaulipas violentó el pacto federal al emitir un Acuerdo de no homologación del Juicio de Procedencia aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que determinó que existían elementos para proceder penalmente por el delito de defraudación fiscal, a sabiendas de que las determinaciones de la Cámara de Diputados federal son “inatacables”.

Respecto al Poder Judicial de Tamaulipas también le atribuye violaciones al Pacto Federal, toda vez que “ante hechos públicos como lo fueron la declaración de procedencia respecto del gobernador del Estado y el Decreto de no homologación de la Legislatura de la entidad, no hubo resolución, pronunciamiento o acuerdo alguno que mandatara la observancia de dichas determinaciones federales”, contraviniendo la Constitución.

Subrayó que el Poder a judicial local no solo permaneció pasivo al no ejecutar acto alguno que dirigiera la relación entre el Poder Legislativo de la entidad y el de la Federación, sino que, “al igual que el gobernador de la entidad, también se manifestó públicamente, por conducto de su Presidente, en contra de la Constitución Federal, llevando a cabo señalamientos en el sentido de que el fuero del gobernador de la entidad proviene de la Constitución local y de que no procede su retiro; lo cual, como ya ha quedado de manifiesto, atenta contra el pacto federal y la supremacía constitucional”.

Monreal Ávila sostiene que con base en los antecedentes señalados, existen elementos para solicitar que el Senado de la República ejerza la facultad prevista en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política, “con el objeto de que, una vez que se constate la desaparición de los tres poderes del estado de Tamaulipas, declare que es llegado el caso de nombrarle titular del poder ejecutivo provisional a dicho estado”.

Cabe mencionar que aún no hay fecha para que el presidente de la Jucopo presente la solicitud para que se abra un periodo extraordinario de sesiones, ya que primero esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desahogue el recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República, para después proceder en consecuencia.

(Con información de El Universal)

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a Florian Tudor, el “Tiburón”, presunto líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas en México. Su detención provisional, con fines de extradición, ocurrió este jueves en la Ciudad de México. A él y a sus secuaces se les conoce como la “Banda de la Riviera Maya”.

Al respecto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que el rumano es investigado por la dependencia que él encabeza, en coordinación con diferentes instituciones.

A Florian Tudor, el “Tiburón”, se le sigue por delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

La detención de Florian Tudor

De acuerdo con la FGR, durante la diligencia de aprehensión de Florian Tudor, el “Tiburón”, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla mientras que el abogado del hoy detenido agredió a golpes a los agentes de la Policía Federal Ministerial.

Se informó que ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan.

En un video se observa el momento en que Florian Tudor es sometido por, al menos, dos personas dentro de una oficina de la FGR y llevado a la fuerza por unos pasillos.

En un instante después se observa que, ante la resistencia del rumano, dos personas más se suman para tomarlo, de pies y brazos, para llevarlo cargando a un estacionamiento.

“Suéltenme. Me están levantando. Déjame. Me están ahorcando, me está ahorcando”.

¿Cómo operaba la mafia rumana?

Hace meses quedó al descubierto  un grupo del crimen organizado, al que denominaron Banda de la Riviera Maya, que robó miles de millones dólares a turistas a través de cajeros automáticos.

Las organizaciones Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y Quinto Elemento Lab encontraron que la mafia rumana opera a través del skimming, es decir, la alteración de cajeros automáticos para poder clonar tarjetas bancarias y disponer del dinero en efectivo.

Se estima que la organización delictiva comandada por Florian Tudor, el “Tiburón”, ha logrado robar hasta mil 200 millones de dólares, usando una red de cajeros automáticos modificados con skimmers en algunas de las zonas turísticas más importantes de México, como Quintana Roo, Puerto Vallarta, Jalisco, y Bahía de Banderas, en Nayarit.

Sus operaciones ilícitas afectaron, mayoritariamente a mexicanos, pero también a extranjeros que acostumbran visitar las parte turísticas del país.

¿Qué hacen los skimmers?

Los skimmers son dispositivos usados para leer la banda magnética de las tarjetas bancarias. Éstos se colocaban en los cajeros automáticos y captaban también la clave del usuario bancario, información con la cual le era posible hacer el retiro de efectivo y la realización de compras.

De acuerdo con autoridades, el skimmer se coloca en la ranura del cajero automático, por el que se inserta la tarjeta. Una vez dentro, esta máquina lee la banda magnética de la misma, para obtener el número del plástico, fecha de expedición, nombre del titular y número de seguridad.

(Con información de UnoTv)

A partir de la denuncia de Lozoya, la UIF realizó un análisis de al menos 30 perfiles que resultaron de interés, lo que dio paso a las denuncias presentadas.

La Unidad de inteligencia Financiera (UIF)de la Secretaría de Hacienda ha presentado 23 denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de varios de los funcionarios y exfuncionarios que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló el año pasado por presuntos actos de corrupción.

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que las denuncias presentadas son por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), sumado a otros posibles ilícitos precedentes como hechos de corrupción, evasión fiscal y delincuencia organizada.

Con excepción del caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cuya denuncia ya se había dado a conocer previamente, el resto de las personas señaladas por la UIF ante la FGR permanece bajo sigilo. 

Las autoridades confirmaron que todos ellos forman parte de la lista de 70 personas que en su momento fueron señaladas por Lozoya de haberse confabulado para operar recursos ilícitos provenientes de Odebrecht, dispersar sobornos, entre otras cosas.

En esa lista de Lozoya figuran ocho personas a los que la FGR ya acusó ante un juez de participar en una asociación delictiva para dispersar casi cien millones de pesos en sobornos: el expresidente Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, el exsenador y actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.

También los exsenadores panistas José Luis Lavalle Maury (preso actualmente en el Reclusorio Norte), Ernesto Cordero y salvador Vega Casillas. El exsenador del PRI David Penchyna, y el exdiputado federal y excandidato presidencial Ricardo Anaya.

Otros exfuncionarios denunciados en su momento por Lozoya fueron los expresidentes Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, así como el exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.

De acuerdo con las autoridades consultadas, a partir de la denuncia de Lozoya la UIF realizó un análisis de al menos 30 perfiles que resultaron de interés lo que dio paso a las denuncias presentadas.

Junto con dichas denuncias, la UIF procedió con el congelamiento de cuentas en contra de nueve de los probables responsables. También envió 11 vistas (notificaciones) a otras autoridades como la Secretaría de la Función Pública o el SAT, ara que indaguen hechos posiblemente irregulares que entran dentro de su competencia.

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(Con información de Animal Político)