La Secretaría de Salud federal señaló que todo el país estará en semáforo verde a partir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el 3 de abril.

Por primera vez en dos años de pandemia, todo México estará en semáforo verde a partir del próximo lunes 21 de marzo y hasta el 3 de abril, informó la Secretaría de Salud federal, tras los bajos índices de Covid-19, el avance en la vacunación y las medidas que se han seguido para combatir al virus, que apareció a finales de 2019, en Wuhan, China.

La dependencia encabezada por Jorge Alcocer señaló que todo México, es decir, las 32 entidades federativas, estará en semáforo verde como resultado de la disminución sostenida de contagios y hospitalizaciones. Destacó que simplemente en la semana epidemiológica que se analiza disminuyó 39% el número de casos estimados en comparación con la anterior.

“En los últimos 14 días, 16 mil 566 personas reportaron signos y síntomas de COVID-19, se consideran casos activos y representan 0.3 por ciento del total registrado desde el inicio de la pandemia. Asimismo, cuatro millones 922 mil 781 personas se han recuperado de la enfermedad”, dijo la Ssa en un comunicado.

Según la Secretaría, a nivel nacional, la red hospitalaria registra una reducción de 96 por ciento en la ocupación con relación al punto más alto de epidemia en enero de 2021. En las últimas 24 horas, la demanda de camas generales y con ventilador mecánico también disminuyó un punto porcentual para ubicarse en ocho y cinco por ciento, respectivamente.4

Respecto a la vacunación, señaló que el de marzo se aplicaron 509 mil 164 vacunas para un total de 188 millones 160 mil 158 dosis en las 32 entidades federativas desde el 24 de diciembre de 2020. El Informe Técnico Diario indica que 85 millones 502 mil 104 personas han sido vacunadas.

De ese total, 79 millones 496 mil 022, que equivale a 93 por ciento, tienen esquema completo, y seis millones 006 mil 082, es decir siete por ciento, recibieron su primer biológico. Por edad, 80 millones 711 mil 904 personas mayores de 18 años cuentan con al menos una dosis, lo que equivale a 90 por ciento. Asimismo, cuatro millones 790 mil 200 adolescentes de 14 a 17 años, lo que representa un avance de 54 por ciento en este grupo poblacional. (Con información de El Heraldo de México)

El pleno de la Cámara de Diputados aprueba en lo general y particular una reforma para regular los créditos de nómina; el cambio permite que se retenga el cobro de los trabajadores antes de que reciban su salario. 

La Cámara de Diputados celebró ayer los 200 años de la instalación del Congreso.

La minuta, que fue regresada al Senado, se avaló con la mayoría de la bancada de Morena, PT y PVEM con 227 votos a favor.

Con rechazo de la oposición e incluso diputados de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular una reforma para regular los créditos de nómina, que permitirá que se retenga el cobro de los trabajadores, antes de que reciban su salario.

La minuta, que fue regresada al Senado, se avaló con la mayoría de la bancada de Morena, PT y PVEM con 227 votos a favor; también se emitieron siete abstenciones y 210 en contra de la oposición, y algunos de Morena y PT.

La reforma incluye en la ley el concepto de "cobranza delegada", mediante el cual deberán pagar los créditos de sus empleados antes de entregarles sus salarios.

Además, la reforma no fija cuál será la tasa de interés del crédito, por lo que la oposición advirtió que abre la puerta a que la deuda se vuelva incontrolable.

A su vez incorpora el término de “libranza”, que se refiere al permiso que concede el trabajador para que su empleador pueda realizar uno o varios pagos parciales o periódicos para el crédito de nómina, la cual será irrevocable siempre que exista un adeudo.

La mayoría del bloque de la 4T sólo aceptó una reserva al dictamen, presentada por Daniel Gutiérrez (Morena), para que la “libranza” pueda ser revocable únicamente si el Costo Anual Total (CAT) del crédito de nómina solicitado por el trabajador es superior al resultado al multiplicar por 1.2 el CAT promedio trimestral correspondiente a los créditos de nómina

“Esta adición busca equilibrar las condiciones de los trabajadores y los acreditantes; brinda medidas de seguridad y protección para evitar la usura y que el trabajador no quede comprometido a pagar tasas de intereses excesivas al acreditar la revocación de la libranza”, explicó el diputado de Morena.

Sin embargo, establece que “la revocación de libranza a que se refiere este artículo no libera a la persona acreditada del cumplimiento de sus obligaciones de pago contraídas conforme al contrato de crédito respectivo”.

La minuta que reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros fue enviada al Senado para su análisis.

Entre los morenistas en contra de la propuesta, Susana Prieto acusó que el dictamen defiende a los banqueros y no a la clase trabajadora.

“No somos borregos y hay dictámenes con los que no estamos de acuerdo como con este, que no puede ser posible que estén garantizando que por bajar el CAT al 1.2 por ciento vayan a reducir los intereses”, manifestó en tribuna.

Por ello, hizo un llamado a los senadores a “batear” la propuesta, advirtiendo que están orillando a la quiebra a los trabajadores.

De la misma bancada Lidia García subrayó que “no coincido con leyes violatorias como esta”. “Me pregunto ¿de veras creemos todo lo que venimos a decir aquí?”, criticó.

Sobre la propuesta, apuntó que están asegurando el cobro a las financieras a través del salario de los trabajadores, los cuales son aniquilados por grupos financieros.(Con información de Razón)

Por mayoría, los legisladores defienden que las expresiones de los funcionarios no son propaganda gubernamental en los procesos electorales. 

Para la Cámara de Senadores, los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones de los funcionarios del Gobierno en torno a la revocación de mandato no representan ningún tipo de propaganda gubernamental. El argumento: su divulgación no forma parte de “cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por un ente público”, según señala la minuta del decreto aprobado este jueves. “No constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público”, establece.

Con 57 votos a favor y 25 en contra, el órgano legislativo dominado por Morena, el partido en el Gobierno, ha abierto así una puerta a la promoción de la consulta popular para la revocación de mandato del presidente, a realizarse el 10 de abril. En tres semanas, los mexicanos podrán salir a las urnas para votar si quieren que Andrés Manuel López Obrador continúe en el cargo hasta el 2024, cuando finaliza su sexenio.

El Senado también ha rechazado la aplicación de sanciones a los funcionarios públicos que difundan expresiones sobre la consulta del presidente, al no considerarlas aplicables a la ley. “No podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón”, sentencia el decreto que será turnado al Ejecutivo y entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por otro lado, la Cámara ha indicado que los recursos para la realización de la consulta deben ser aplicados bajo “el principio de imparcialidad” y “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. “De manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos que impliquen apoyo a personas aspirantes, precandidatas, candidatas o partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales”, señala el documento remitido por la Cámara de Diputados el pasado 10 de marzo.

Pese a la notable diferencia de votos, el debate en el Senado ha sido intenso. La discusión comenzó el miércoles, pero la votación fue pospuesta por falta de cuórum, una respuesta de los senadores de la oposición al dictamen que acusan de inconstitucional. “Tristemente vemos cómo los grupos parlamentarios de un régimen que gobierna siguen sobreponiendo los caprichos del presidente por encima de la propia Constitución”, ha acusado esta mañana la panista Alejandra Reynoso tras la aprobación del dictamen.

La legisladora ha advertido de que “esta interpretación es para cualquier proceso electoral y de ser considerado se sienta un precedente muy penoso para ignorar la veda electoral”. Por su parte, el priista Jorge Carlos Ramírez ha escenificado un posible diálogo entre un funcionario y su subalterno: “No he visto en sus redes el apoyo a nuestro jefe máximo, ¿qué pasa con usted? Ojalá que pronto veamos en su Facebook y en su Instagram el apoyo a las causas de nuestro movimiento”./Con información de El País)

Por unanimidad, fue aprobada en el Senado una reforma para que empleadores permitan a trabajadores participar en Revocación de Mandato. 

El Senado de la República aprobó, en sesión, una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que empleadores permitan a los trabajadores alejarse de sus labores para que puedan participar en la consulta de Revocación de Mandato, que se realizará el próximo domingo 10 de abril.

Dicha reforma fue aprobada por el Pleno este miércoles de forma unánime, con un total de 93 votos a favor.

La reforma fue realizada por los senadores a la fracción IX del artículo 132 y la fracción V del artículo 204 de la Ley Federal del Trabajo.

Dicho cambio permite a los trabajadores “el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares, los procesos de revocación de mandato y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, a que se refiere el artículo 5o. de la Constitución, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo”.

Los mexicanos participarán el próximo domingo 10 de abril en la primera votación que preguntará a la población si el presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio, en 2024.

El ejercicio genera choques entre el Gobierno y el organismo electoral, que ha denunciado obstáculos para organizar la votación porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó cuatro mil 913 millones de pesos para 2022.

La iniciativa ha sido muy criticada por la oposición, que la considera un mecanismo de propaganda política, puesto que el mandatario cuenta con una popularidad superior al 60 por ciento.(Con información de López-Dóriga Digital)