El 29 de marzo de 2021, SinEmbargo reveló que la familia Madrazo es propietaria de Latinus a través de las empresas BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., y que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos del Gobierno de Aureoles en Michoacán. Un año después, las investigaciones acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales, de acuerdo con documentos en poder de este medio digital. 

El financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) que detallan una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno del excandidato nacional priista Roberto Madrazo Pintado, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán.

Las indagatorias de la FGR, basadas en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificaron un esquema de triangulación de recursos del erario de Michoacán a varias empresas propiedad del “clan Madrazo”, que a su vez se transfieren a dos compañías relacionadas legalmente a Latinus. El esquema, según los investigadores, permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado.

SinEmbargo reveló el 29 de marzo de 2021 que la familia Madrazo es propietaria de Latinus a través de las empresas BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., y que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos del Gobierno de Aureoles en Michoacán.

Un año después, las investigaciones realizadas por las autoridades acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales, de acuerdo con documentos obtenidos recientemente por este medio.

Latinus, que tiene como presentadores estelares a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, se habría nutrido desde su origen de dinero público del Gobierno de Michoacán. También, aunque en menor cuantía, en la investigación se relaciona al Gobierno del Estado de México. El secretario privado de Aureoles Conejo, Marco Antonio Estrada Castilleja, es socio de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y comisario de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V.

Aunque el empresario Nickin Gaxiola y el político Madrazo Rojas, exdiputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y su dirigente estatal en Tabasco, no aparecen como accionistas en las actas constitutivas de las empresas BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programatic Services, son quienes fondean a Latinus y lo hicieron, dicen los documentos de la investigación, con contratos del Gobierno de Aureoles.

“¡Estoy muy emocionado y nervioso!”, dijo el presentador Loret de Mola al anunciar el lanzamiento de Latinus el 7 de enero de 2020. A partir de ese momento empezaron las transferencias de Nickin Gaxiola, dicen los documentos oficiales: ese año, de acuerdo con las autoridades, fueron más de 20 millones de pesos para el financiamiento inicial del portal a través de dos de sus empresas. Así consta en la información bancaria y financiera que posee la FGR.

De las cuentas de sus empresas, Nickin Gaxiola, cuñado del apoderado legal de Latinus, Madrazo Rojas, envió SPEI 4 millones de pesos a Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V. por concepto de “aportación de capital”.

Y también ese mismo 2020, Digimedical, S.A. de C.V., propiedad también de Nickin Gaxiola, envió una transferencia SPEI de 6 millones de pesos también a Digital Beacon Programatic Services con el concepto de “Pruebas Reactivas Hemo proyecto Mich (sic)”, pero la factura fue por “Servicio de producción y compra de pauta publicitaria en medios”.

Otra empresa ligada al yerno de Madrazo Pintado, Samedic, S.A. de C.V. hizo otras dos transferencias a BCG Limited Consulting, una de las dos empresas ligadas legalmente a Latinus: Una por 13 millones 163 mil pesos y otra por 6 millones 581 mil pesos. Esta última, según los registros, fue devuelta al emisor.

Conforme a los registros financieros de la FGR, las empresas de Nickin Gaxiola, quien tiene viajes internacionales con su suegro y con personajes como el abogado Antonio Holguín Acosta, recibieron del Gobierno de Michoacán contratos millonarios tanto por licitación como adjudicación directa, para proveer equipo y material médico.

NEXOS POLÍTICOS

Los contratos del Gobierno de Michoacán a las empresas del “clan Madrazo” se dieron cuando el secretario privado del Gobernador Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, era socio de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y comisario de Digital Beacon Programatic Services, S.A. de C.V., las dos empresas de Latinus.

A las autoridades federales le llamó la atención que el acapulqueño Estrada Castilleja, quien por años no presentó declaraciones anuales de impuestos, aparece también como socio o integrante de varias empresas —además de las que controlan Latinus— y que haya recibido un millón 46 mil 176 pesos con 30 centavos de Alejandro Carlos Hughes Acosta, procesado por lavado de dinero.

Otro personaje clave en el entramado de Latinus es Miguel Alonso Olamendi, secretario particular de Aureoles en la Gubernatura y representante de Ejecutivo estatal en la Ciudad de México: aunque no aparece como socio de las empresas de Latinus, está identificado como el “enlace” con Estrada Castilleja y personajes del enorno de Roberto Madrazo.

Entre 2015 y 2020, quedó documentado, Aureoles compartió viajes con sus secretarios particular y privado a España, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Japón —entre otros países— junto al empresario y político priista Fernando Reina Iglesias, esposo de la actriz Galilea Montijo, quien está en la nómina de Latinus.

También compartieron vuelo con Aureoles el matrimonio mexiquense Laura Barrera Fortoul y Luis Ernesto Maccise Uribel, amigos íntimos de Enrique Peña Nieto, así como Alejandro Canek Vázquez Góngora, quien fue coordinador de giras de Madrazo y exsecretario particular de Manlio Fabio Beltrones, amigo de Aureoles.

Alonso Olamendi es hijo de Miguel Alonso Raya, político del grupo de los “Chuchos” del PRD que fue subcoordinador de los diputados federales cuando Aureoles era el coordinador en la legislatura de 2012 a 2015 y se aprobaron las reformas del Pacto por México de Peña Nieto; y de Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores de Vicente Fox.

Las investigaciones de las autoridades federales han identificado cómo fluyeron —con Aureoles, Estrada Castilleja y Alonso Olamendi como servidores públicos de Michoacán— los recursos del erario de este estado a empresas vinculadas al “clan Madrazo” y luego a Latinus.

Por ejemplo, la empresa Samedic, S.A. de C.V, cuyos accionistas legales son Leticia Isabel Ramírez Alonso, Alan Mayorga Rueda, Andler Capistrán Garza, Pablo García Retana y Alejandro Méndez Gutiérrez, recibió contratos del Gobierno de Michoacán por 425 millones de pesos entre 2017 y 2019.

Otra empresa propiedad del yerno de Madrazo Pintado, Hova Health S.A. de C.V., también recibió contratos del Gobierno de Aureoles, uno de los cuales fue, en 2019, por 10 millones de pesos.

A los investigadores de Hacienda y de la Fiscalía les llamó la atención que Hova Health, cuyos accionistas con Omar Oros Jiménez, Ricardo Flores Valencia, Marisol Barrios Retureta, Sergio Madrid Mendoza y Hova Networks SAPI de CV, haya recibido, en 2017, poco más de 32 millones de pesos de la empresa Solid Mind Leasing, LTD S.A. de C.V., que a su vez obtuvo del Gobierno de Michoacán contratos por 71 millones 478 mil pesos.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes también notaron que el apoderado legal de Solid Mind Leasing es Cristian González Guadarrama, accionista de BCG Limited Consulting, S.A. de C.V. y socio de Estrada Castilleja, una de las dos empresas legalmente detrás de Latinus.

Cristian González Guadarrama es también socio de Digital Beacon Programatic Services, la otra empresa de Latinus, cuyo otro socio legal es Rodrigo Gerardo Peña Ugarte, un personaje que no contaba con recursos porque no presentó declaraciones patrimoniales entre 2015 y 2019.

Es decir, al menos dos de los socios de las empresas de Latinus, Estrada Castilleja y Peña Ugarte, serían testaferros. Así lo anotaron los investigadores del caso.

El Gobierno de Silvano Aureoles entregó contratos a empresas que a su vez destinaron recursos a otras empresas que fondean a la plataforma Latinus. Foto: Cuartoscuro.

La investigación tiene bajo escrutinio a otra empresa que financia a Latinus: Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V., que antes se llama Diseño y Publicidad, S.A. de C.V., y que con sus dos razones sociales ha sido, como las empresas del “clan Madrazo”, contratista del Gobierno de Michoacán.

Por ejemplo, cuando era Diseño y Publicidad, S.A. de C.V. recibió contratos, sólo en 2018, por 134 millones 221 mil pesos, según los registros de Compranet, y ya como Diseño de Salud Integral, S.A. de C.V. recibió, sólo en 2020, 115 millones de pesos del gobierno de Michoacán.

De esta última cantidad, Diseño de Salud Integral pagó a BGC Limited Consulting, una de las empresas de Latinus, en 2020, un total de 9 millones 775 mil por concepto de “servicios de producción y pauta publicitaria en medios”.

Y esta misma empresa hizo otros pagos a la otra empresa de Latinus, Digital Beacon Programatic Services, por 46 millones 714 mil pesos por concepto de “servicios de producción y compra de pauta publictaria en medios”.

Esta empresa, cuyos accionistas son Rodrigo Vázquez Mellado, Jaime Contreras Galindo, Álvaro López García, Efrén Jenaro García y Rosa María Madrigal Ríos, se dedica solamente a la proveduría de equipos médicos.

Están registrados también operaciones entre BCG Limited Consulting a Digital Beacon Programatic Services, como las transferencias de 10 millones 226 mil 750 pesos de por concepto de “préstamo” de la primera a la segunda, así como los pagos que cada una de ellas hizo al despacho Sarukhan and Asociates LLC y una Trasnsferencia internacional” de mil dólares de la primera a “Enrique Krauze Kleimbort”.

La FGR comenzó las investigaciones sobre el complejo entramado financiero de Latinus y su relación con el gobierno de Michaocán y también del Estado de México a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

Con Loret de Mola y Trujillo Matamoros como presentadores estelares, cuyos respectivos sueldos están también acreditados en las investigaciones, Latinus inició sus transmisiones en 2020 y en julio de ese año aseguró que no tenía influencia política.

“Latinus es una plataforma de información ajena a grupos políticos y tiene claros sus derechos y sus responsabilidades en un régimen democrático que reconocemos en México”, aseguró un comunicado, pero SinEmbargo acreditó, el 29 de marzo de 2021, que sus dueños son la familia del político priista Madrazo Pintado.

Este político, quien fue operador electoral de Carlos Salinas de Gortari, gastó el equivalente a 72 millones de dólares en su campaña de Gobernador de Tabasco, en 1994, como se acreditó con documentación oficial y luego se hizo de la dirigencia del PRI mediante otro fraude denunciado por sus correligionarios para después imponerse como candidato presidencial en 2006.

El tabasqueño Roberto Madrazo Pintado reconoció que su hijo Federico y su yerno Alexis Nickin Gaxiola están detrás de la plataforma Latinus. Foto: Cuartoscuro

Fue el propio Madrazo, cuya reputación de fraudulento se consolidó con la trampa que hizo en el maratón de Berlín, quien reconoció que Latinus es de su hijo y de su yerno, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva el día en que se publicó el reportaje. “Son ellos dos los que dirigen el proyecto”, dijo.

Y reveló con Gómez los objetivo de Latinus:

“Efectivamente, como tú decías, ¿cómo podemos convocar que la gente se mueva? Yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se pude desnudar lo que el Presidente hace en las mañeras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que el país enfrenta”.

—Porque ves que dicen: cuáles son las manos oscuras que mueven Latinus. En el medio lo sabemos de hace mucho tiempo —le dijo el conductor.

—No es algo oculto —respondió el político priista—. Es algo que se conoce. Han hecho uso de esta libertad de crítica, de expresión, para poder señalar los temas centrales de la crisis en la que estamos.

—¿No los han intimidado, Roberto?

—No, hasta ahora no. Pero no estamos exentos de que esto pueda pasar y que pueda generar un enojo en el Presidente.

—Nada más para cerrar lo de Latinus: ¿Cómo te sientes tú? Me imagino que tú formas de un consejo asesor.

—No, fíjate que no. No estoy involucrado con ello. No directamente. Básicamente ellos están impulsando el proyecto de diversas tomas, un proyecto que busca recrear cosas para el debate.

Los  entonces senadores Arturo Escobar (PVEM) Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) y Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo, durante una sesión en la Cámara de Alta en febrero de 2011. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, a pregunta del reportero, admitió que tenía conocimiento de los personajes detrás de Latinus: “Sí tenía información, no él (Roberto Madrazo) sino familiares de él, como personas vinculadas al Gobernador de Michoacán, y quien fue Subsecretaria de Relaciones en el Gobierno de Vicente Fox”.

Negó que haya habido una investigación sobre el financiamiento del portal vinculada al “clan Madrazo”:

“No queremos que se utilice de excusa, si hacemos una denuncia de ese tipo, que estamos limitando la libertad de expresión. Queremos que todos puedan ejercer sus libertades, como se está haciendo, sin límites. Hasta con insultos, y no censuramos”.

Ese portal está en su derecho de confrontarlo políticamente, porque forma parte del “bloque conservador y que están defendiendo al régimen de corrupción de injusticias, de privilegios, ellos defiende la corrupción, de eso no tengo duda”.

El Presidente de México tampoco descartó que se realicen investigaciones en contra de Latinus, salvo por temas fiscales, “porque tampoco pueden tener privilegios”.

Enfatizó: “Todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad fiscal, y en eso sí, aunque digan que es una represalia, pues es cosa aquí mismo de demostrar que no pagan impuestos y por eso es que se les está requiriendo, no por lo otro”.(Con información de Sin Embargo)