Investigan a funcionaria municipal por discursos de odio e involucrar su religión con actividades de gobierno
Por expresiones y frases estigmatizantes hacia la comunidad LGBT desde su cargo público, la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco admitió una queja contra la ministra evangélica y coordinadora de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puerto Vallarta
Por Osvaldo Granados
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha admitido una queja formal en contra de Judith Urióstegui Figueroa, actual Coordinadora General de la Secretaría General del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, por presuntos actos de discriminación, discurso de odio y violaciones al principio de laicidad en el ejercicio de su función pública.
Urióstegui Figueroa, quien se presenta públicamente como ministra del grupo evangélico “Justicia y Amor”, ha sido señalada por utilizar su doble rol —funcionaria y lideresa religiosa— para emitir mensajes de corte confesional y político con contenidos estigmatizantes hacia la diversidad sexual, tanto en eventos públicos como a través de redes sociales.
FRASES DISCRIMINATORIAS Y ACTIVISMO RELIGIOSO
Entre las expresiones denunciadas se incluyen frases como: “Estamos viviendo una dictadura transexual”, “la disforia (sensación generalizada de malestar, insatisfacción o angustia emocional) de género es una enfermedad mental”, “hay que detener el izamiento de banderas LGBT”, así como llamados a votar por “candidatos con valores cristianos”, y publicaciones que vinculan la identidad de género con trastornos o desviaciones.
La queja quedó radicada bajo el expediente 1468/2025/III, y fue admitida por la Tercera Visitaduría General de la CEDHJ mediante acuerdo fechado el 2 de julio. En cumplimiento con la ley, se notificó formalmente al presidente municipal Luis Ernesto Munguía González y se requirió la presentación de informes por parte tanto de la funcionaria señalada como de las autoridades municipales involucradas.
ABREN INVESTIGACIÓN FORMAL
La Comisión ordenó la apertura de una investigación y el análisis de las pruebas presentadas, que incluyen capturas de publicaciones digitales, registros de participación en actividades religiosas durante horarios laborales, y presuntas acciones de proselitismo en el contexto de su función pública.
De confirmarse los hechos, Urióstegui Figueroa podría ser sujeta a una recomendación por violaciones a derechos humanos y, en consecuencia, enfrentar posibles sanciones administrativas.
UN CASO EMBLEMÁTICO PARA LA LAICIDAD
Este caso podría marcar un precedente significativo en torno a la interferencia de creencias religiosas en el ejercicio de funciones gubernamentales, además de subrayar la responsabilidad reforzada que tienen los funcionarios de alto nivel para garantizar el respeto a la laicidad del Estado y a los derechos de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género.
