Piden los wixaritari recuperar 4 mil hectáreas que fueron invadidas en Nayarit
Carlos González, abogado de los indígenas, recordó que el 10 de octubre se realizará una audiencia en Tepic con el magistrado Muñoz para que se liberen otras 22 ejecuciones que abarcarían al menos 4 mil hectáreas en las inmediaciones de Huajimic también a favor de los wixaritari
Hasta el 20 de octubre próximo fue reprogramada la ejecución de la sentencia 1472/2012 del Tribunal Unitario Agrario, mismo que el magistrado del distrito 56 con sede en Tepic, Aldo Saúl Muñoz López, debió suspender el pasado 22 de septiembre para entregar legalmente 64 hectáreas en las inmediaciones de Huajimic, Nayarit, a favor de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.
Este martes en Tepic, Muñoz López notificó a los comuneros wixaritari su decisión de posponer casi un mes la ejecutoria, luego que el 22 de septiembre habitantes mestizos de Huajimic cerraron todos los caminos de acceso a su pueblo para impedir el paso al magistrado y evitar la diligencia, pese a lo cual unos mil 200 indígenas bajaron a pie por la sierra y desde ese día tomaron posesión en los hechos del predio conocido como Piedra Bola.
Carlos González, abogado de los indígenas, recordó que el 10 de octubre se realizará una audiencia en Tepic con el magistrado Muñoz para que se liberen otras 22 ejecuciones que abarcarían al menos 4 mil hectáreas en las inmediaciones de Huajimic también a favor de los wixaritari. “Nosotros vamos a intentar que las nuevas 22 ejecuciones se sumen a la que está pendiente, para que todas se realicen el 20 de octubre, lo que sería un gran avance en el reclamo de la comunidad por las aproximadamente 10 mil 500 hectáreas de su territorio invadidas en Huajimic y que siguen en litigio”, afirmó González.
En el acuerdo liberado este martes, el tribunal pidió, también, a instancias del gobierno de Nayarit y de Jalisco, comenzando por sus gobernadores Antonio Echevarría y Aristóteles Sandoval, respectivamente, su presencia el 20 de octubre para que “proporcionen elementos de seguridad pública que garanticen la integridad física de los servidores jurisdiccionales que acudirán a la ejecución de la sentencia, así como de las las partes y de cualquier persona que acuda a dicha diligencia”.
Otras instancias conminadas a intervenir para llevar a cabo la ejecución son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (Con información de La Jornada)
