Un tribunal ordena despenalizar el aborto en Jalisco
La sentencia obliga al Congreso estatal a modificar los artículos del Código Penal que prohíben la interrupción del embarazo en la entidad.
De nuevo, la vía legal ha conseguido lo que la vía política no pudo. La batalla por la despenalización del aborto ha avanzado este jueves en Jalisco gracias al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que ha tumbado unánimemente la prohibición de la interrupción del embarazo del Código Penal de la entidad. La decisión judicial actúa en la práctica como una orden al Congreso local, que tendrá que derogar las penas por abortar. Jalisco se convierte así en el decimotercer Estado de México en despenalizar el aborto.
La noticia ha sido anunciada en la tarde de este jueves por Gire, la organización feminista que interpuso el amparo como parte de una “estrategia jurídica nacional” que persigue “a ninguna mujer, hombre trans o persona no binarie gestantes, ni al personal de salud o a las personas que acompañan, se les criminalice por aborto”.
La decisión judicial ha sido posible gracias a una sentencia anterior: la que declaró, el 7 de septiembre de 2021, que el Código Penal de Coahuila era inconstitucional por la “prohibición absoluta del aborto consentido” y obligó al Estado a modificar su legislación al respecto. Aquella misma resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizó el aborto en todo el país, un hito histórico para el movimiento feminista que, sin embargo, es de lenta implantación en los 32 Estados mexicanos. Solo 13 han adaptado sus leyes al fallo del máximo tribunal en los dos años y medio que han pasado desde entonces.
En la práctica, la sentencia de la Suprema Corte consiguió que ninguna mujer en México pudiera ser encarcelada por abortar. En septiembre de 2023, dos años después, la SCJN despenalizó el aborto a nivel federal, un nuevo avance que obligó a las instituciones de salud públicas federales —el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o Pemex— a ofrecer a sus pacientes la interrupción del embarazo de forma gratuita. La resolución blindó también al personal sanitario, que gracias al fallo ya no puede ser criminalizado ni perseguido por practicar abortos.
Si la sentencia de 2021 hizo historia al evitar la criminalización del aborto, su despenalización a nivel federal supuso un paso más al obligar a los organismos federales a prestar el servicio. La resolución supuso también la modificación del Código Penal Federal, que hasta ese momento tipificaba el delito de aborto como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, penado con una condena de uno a tres años para los que “hagan abortar a una mujer”, aunque sea con su consentimiento, así como inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que lo practicaran.
Fue una decisión clave porque el Código Penal Federal era lo que servía de excusa para que los médicos de centros públicos, que atienden al 70% de la población mexicana, contrarios al derecho al aborto se negaran a practicarlo. Desde ese momento, perdían la base legal para no hacerlo. “Es el mayor avance que hemos conseguido en esta lucha”, resumió entonces Isabel Fulda, subdirectora de Gire.
Fulda, en entrevista con EL PAÍS en septiembre de 2023, ya adelantó que Gire había presentado 21 amparos en los Estados que aún no habían modificado su Código Penal para despenalizar el aborto. Entre ellos, Jalisco, que con el espaldarazo de la justicia a la organización este jueves se suma a la lista de entidades obligadas a descriminalizar el aborto. La estrategia de Gire es la de un dominó: cuantas más entidades cambien su legislación, más se sumarán a la ola. O, en su defecto, “a los Estados más conservadores les ayuda que sea la Suprema Corte quien les obligue porque así no asumen ellos el coste político”, explicó Fulda.
México permite un acceso parcial al aborto, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz —donde estaba aprobado antes de la decisión de la Corte de 2021. Gracias a la resolución del tribunal se aprobó en Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes. Pero al movimiento feminista todavía le quedan muchos frentes judiciales: de descriminalizar el aborto a, en la práctica, garantizar su acceso libre, seguro y gratuito, hay un largo recorrido.
Además de a los tribunales, se enfrenta al acoso de los grupos antiabortistas, organizaciones muy presentes sobre todo en los Estados norteños del país. Allí, además de las mexicanas, miles de mujeres acuden a interrumpir su embarazo desde que, en 2022, la Suprema Corte de EE UU eliminó la protección federal del aborto.
Según una estimación de la doctora Fátima Juárez en un estudio del Instituto Guttmacher, entre 750.000 y un millón de abortos clandestinos son practicados cada año en México. Un tercio desembocan en otras complicaciones que requieren de atención de médica urgente. Miles de mujeres corren el riesgo de morir o sufrir otras afectaciones derivadas de las operaciones.
Con información de El País
