Nuevo sistema de justicia penal reduce sobrepoblación en reclusorios de Jalisco

Los reclusorios más saturados de Jalisco, el Preventivo y el de Readaptación Social, han reducido la sobrepoblación desde que se implementó el nuevo sistema de justicia penal

Los reclusorios más saturados de Jalisco, el Preventivo y el de Readaptación Social, han reducido la sobrepoblación desde que se implementó el nuevo sistema de justicia penal.

Desde la última información proporcionada por la Procuraduría Social, en junio de 2016, el Reclusorio Preventivo estaba a 330% de su capacidad, al albergar a siete mil 583 reclusos. Actualmente suman seis mil 206 internos para llegar a 270% de capacidad, según informó el fiscal de Reinserción Social, Carlos Zamudio Grave. El inmueble aún sigue sobrepoblado.

La razón de la reducción, explicó, es que las personas que ingresan al reclusorio por un delito que no amerite prisión oficiosa, el juez puede imponer como medida cautelar que lleve su proceso en libertad. Esto, cuando se tiene certeza de que la persona no va a evadir de la justicia o dificultar los trámites del proceso.

“Este es un sistema muy garantista y lo que permite es que, salvo ciertas conductas que obligan a la prisión oficiosa, el resto de los delitos se puedan llevar mientras la persona procesada se encuentra en libertad”.

En el caso del Reclusorio de Sentenciados, en junio de 2016 sumaba seis mil 418 internos, pero al tener una capacidad para dos mil 87, la sobrepoblación era de 307%. Casi un año después, cuenta actualmente con cinco mil 963 reclusos, lo que significa que la saturación bajó a 285 por ciento.

Actualmente existe una población penitenciaria de alrededor de 15 mil personas en todo el Estado aunque la mayor parte se concentra en los complejos carcelarios de Puente Grande, según reportes de las autoridades estatales.

Buscan mejorar espacios

En este año, el Gobierno del Estado gestionó recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para adecuar y mejorar algunos centros penitenciarios.

Se trata de 14 millones de pesos de los que parte se utilizará para adquirir e instalar equipo de monitoreo y tecnológico en el Reclusorio Metropolitano en las áreas donde se planea ingresar a más de 200 personas. Son el Bloque 2 y el Bloque 3, que cuenta con espacios para uno, tres o cinco internos. Además de ese monitoreo se requiere equipo de servicios básicos.

Despresurizarán otros centros

Con sólo 288 internos en sus instalaciones, a pesar de que puede albergar mil 800, el Reclusorio Metropolitano —que serviría para despresurizar el sistema penitenciario en Jalisco— se halla actualmente subutilizado y seguirá de esta manera.

Esto es porque, aunque se anunció que se aumentaría la población a 630 reclusos, ahora son sólo 200 más los que se proyecta incrementar y no hay fecha aún para que esto ocurra, informó el fiscal de Reinserción Social, Carlos Zamudio Grave.

“Estaríamos en condiciones de seleccionar, entre toda la población que tenemos en los otros dos centros, a unas 200 personas que pudieran cubrir el perfil de los que tenemos en el Reclusorio Metropolitano”. Esto es, personas recluidas por delitos de delincuencia organizada, trata de personas, secuestro, entre otros. Aún no hay una fecha definida para el traslado de estos internos.

Muchos reos recluidos están en el limbo jurídico

Otro factor que podría contribuir a despresurizar los espacios penitenciarios sería optimizar el trabajo en los juzgados para concluir los procesos. Según expuso Carlos Zamudio Grave, fiscal de Reinserción Social, 90% de las personas recluidas en el Estado se encuentran con procedimientos iniciados bajo el anterior sistema de justicia, en el cual se pueden esperan años antes de obtener sentencia, incluso siendo inocentes.

“Habría que cruzarlo con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que pudiéramos ver cuál es la situación de esas personas y por qué no han sido resueltos sus casos, si son sentenciados o absueltos” explicó el funcionario.

Además, hay quienes cuentan con tres o cuatro procesos pendientes y en cifras se pensaría que son tres o cuatro los individuos que no han recibido sentencia cuando en realidad sólo es una persona. Existen otros internos que además de esperar sentencia tienen órdenes de aprehensión pendientes.

“Son muchas aristas las que hay que considerar de que estén las personas en el limbo jurídico. No dudo que haya personas en esa situación, pero también hay otras que cuentan con varios procesos en su contra, otras avanzan, se atrasan o no han iniciado. Entonces son muchos aspectos que hay que considerar antes de definir que falte respuesta de la autoridad judicial en resolver la situación jurídica de los internos”.

Aunque se estima que los casos no cuentan con sentencia, unos siete mil 500, Zamudio Grave explicó que pueden ser menos personas. (Con información de El Informador)