Desde Vallarta se busca impulsar la "Ley Don Juan" para proteger el patrimonio de adultos mayores
La propuesta que pretende llegar al Poder Legislativo plantea reformas para evitar que personas de la tercera edad pierdan su patrimonio aún con donaciones que muchas veces se realizan bajo engaños o en condiciones de vulnerabilidad, tomando como referencia el caso ocurrido en Puerto Vallarta.
Por Osvaldo Granados
El caso de Don Juan Ramírez López, el adulto mayor que denunció haber sido despojado de la vivienda que construyó durante décadas, dio un paso más allá del ámbito judicial y social al convertirse en la base de una propuesta de reforma legal que busca fortalecer la protección patrimonial de las personas adultas mayores en todo el país.
La iniciativa, denominada "Ley Don Juan", fue entregada ayer por ciudadanos vallartenses a un diputado federal para que inicie el proceso legislativo correspondiente y pueda ser enriquecida antes de su eventual presentación ante el Congreso de la Unión.
La propuesta surge después de la indignación que provocó en Puerto Vallarta el caso de Don Juan, quien sostiene que fue engañado para donar su vivienda y posteriormente desalojado del inmueble, situación que generó movilizaciones ciudadanas y un intenso debate sobre la vulnerabilidad jurídica de los adultos mayores.
CUATRO REFORMAS PARA EVITAR NUEVOS CASOS
El proyecto de ley por los abogados promoventes plantea modificar diversas leyes federales para establecer mayores garantías en operaciones patrimoniales realizadas por personas adultas mayores o con discapacidad.
Entre los principales cambios propuestos destaca que los notarios públicos estén obligados a incorporar, de oficio, una cláusula de usufructo vitalicio en las donaciones de inmuebles, con el propósito de que el donante conserve el derecho de habitar y disfrutar su patrimonio durante toda su vida.
Además, se plantea establecer sanciones para los fedatarios que incumplan con esa obligación.
La iniciativa también propone que la Procuraduría Social intervenga de manera obligatoria cuando una persona adulta mayor o con discapacidad enfrente procedimientos que puedan afectar su patrimonio, brindándole acompañamiento y asesoría jurídica.
Otro de los puntos contempla modificar los procedimientos civiles para que, durante cualquier emplazamiento relacionado con bienes de adultos mayores, además de la Procuraduría Social, esté presente una persona de confianza del afectado, como un hijo, cónyuge o tutor, con el fin de evitar posibles abusos.
ABRIRÁN EL DEBATE SOBRE LA PROPUESTA
Como parte del proceso de construcción de la iniciativa, se anunció que en los próximos días se realizarán mesas de trabajo con especialistas y ciudadanos para recibir observaciones y fortalecer el contenido del proyecto antes de que sea presentado formalmente ante el Poder Legislativo.
La propuesta busca que situaciones como la denunciada por Don Juan no vuelvan a repetirse y que las personas adultas mayores cuenten con mayores mecanismos legales para proteger el patrimonio construido durante toda una vida.