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Aprueban en Jalisco que jueces se sometan a pruebas de confianza

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Las pruebas de control de confianza para jueces incluirá una revisión patrimonial y de entorno social, además de exámenes médico, psicométrico, toxicológico y de polígrafo

Con el voto en contra de la fracción de Morena, el Congreso de Jalisco aprobó que jueces y magistrados se sometan a la pruebas de control de confianza cada cuatro años, además de aprobar mecanismos de nombramientos de magistrados y jueces.

Las pruebas de control de confianza para jueces incluirá una revisión patrimonial y de entorno social, además de exámenes médico, psicométrico, toxicológico y de polígrafo.

La reforma contempla para jueces la posibilidad de reelegirse cada cuatro años y para ello volverían someterse a la prueba de control de confianza.

El Sistema de Control de Confianza cuenta con 90 días para crear el sistema de evaluación; una vez creado tendrán hasta seis meses para ser calificados, de acuerdo al artículo 5 transitorio.

“La reforma considera un procedimiento con mecanismos novedosos y que elimina las designaciones política o de grupo, dando prioridad a perfiles técnicos y probos contribuyendo a garantizar a elegir a los mejores aspirantes, así como la eliminación del haber de retiro”.

Al mismo tiempo, los diputados aprobaron que los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en el ejercicio de su encargo 12 años “improrrogables”, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de ley. Sin embargo, lo anterior no será aplicable a aquellos que se encuentren en funciones al momento de la entrada en vigor del presente decreto.

Para quienes aspiren a magistrados deberán pasar un examen teórico-práctico elaborado por expertos de universidades locales.

Con esta reforma, propuesta por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, según el dictamen, se “robustece el servicio civil de carrera y la estabilidad judicial con periodos certeros en las designaciones, que incluyen evaluaciones de control de confianza; la realización del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de evaluaciones curriculares, de aptitud e idoneidad de los aspirantes, además de aplicarles entrevistas para conocerles más a fondo”.

El dictamen fue aprobado con el voto en contra de legisladores de Morena, quienes -en voz de la diputada María Esther López Chávez- argumentaron que era una reforma anticonstitucional y la cual no contribuía a la independencia y eficiencia del Poder Judicial, mientras que PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano elogiaron el acuerdo.  Con información de La Jornada