Sistema de pensiones de Nayarit está en quiebra; gobierno busca salida por decreto, alertan
Los sindicatos sostienen que el “dinero de jubilaciones del personal fue gastado”, por lo que piden al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero diálogo para cambiar la recién aprobada Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado.
El sistema de pensiones de Nayarit se encuentra en una situación de quiebra, debido a que el gobierno del estado, en diversas administraciones, ha tomado alrededor de 2,000 millones de pesos que deberían estar en un fondo que garantizaría las jubilaciones de los burócratas nayaritas. Ante esa situación, el gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero pretende realizar una reforma que podría poner en riesgo sus percepciones una vez que se jubilen, denunciaron líderes sindicales.
Óscar Flavio Cedano, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit (Sutsem) explicó que el gobierno estatal prepara una iniciativa de reforma mediante la cual pretenden solucionar el problema que representa para la administración pública local “la quiebra” del fondo creado en 1997, para garantizar las jubilaciones de los empleados de gobierno en esa entidad.
Dijo que el gobernador Navarro no solo actúa con cerrazón ante la demanda de los burócratas de dialogar para exponerle cómo la recién aprobada Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado afecta a los burócratas, sino que prepara un segundo golpe, mediante una reforma a la Ley de Pensiones, de la que no se sabe ni qué contendrá.
Flavio Cedano y José Luis Martínez Medina, secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) anunciaron que el próximo sábado, 16 de julio, realizarán una caravana que concluirá con una concentración ante el Palacio de Gobierno, para exigir que el gobernador, Navarro Quintero, acepte instalar una mesa de negociación para modificar la nueva ley laboral promulgada el 27 de mayo pasado.
De acuerdo con los organizadores, más de 40,000 trabajadores fueron convocados a marchar en caravana desde tres puntos de la ciudad de Tepic, para concluir frente a la sede del poder Ejecutivo local. Entre ellos destacan los 17,000 empleados en activo de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); 5,500 de sección 49 de la misma organización; 7,000 de la sección 31 del Sindicato de Trabajadores de Salud; 500 de las universidades tecnológicas estatales; 250 del Conalep y 8,000 del SUTSEM, más jubilados.
Concretamente los trabajadores exigen que se modifiquen 40 artículos que afectan conquistas laborales y sus ingresos, por ejemplo el artículo 57, el cual establece que “la cuantía del salario fijado en los términos del artículo anterior no podrá ser disminuida salvo en las condiciones y circunstancias previstas por los respectivos Presupuestos de Egresos y la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit y la Ley Municipal para el Estado de Nayarit”.
Consideran que ese artículo abre la posibilidad de que los salarios sean disminuidos, con el argumento de una disminución en el presupuesto, lo cual es inconstitucional.
SIETE SINDICATOS BUSCAN PROTECCIÓN DE JUSTICIA FEDERAL
Flavio Cedano comentó que además de movilizaciones, se avanza por la vía jurídica: han interpuesto dos amparos ante un juzgado federal. El primero por violaciones a los derechos de los trabajadores sindicalizados y tiene el carácter de colectivo, ya que se presentó uno por cada una de las organizaciones sindicales afectadas (Sutsem, secciones 20 y 49 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sindicato de Universidades Tecnológicas; Sindicato de Trabajadores de Telebachillerato Comunitario de Nayarit, Sindicato de Trabajadores del Conalep y de la sección 31 del SNTSA).
El segundo lo solicitaron trabajadores interinos que tienen hasta 15 años trabajando como eventuales en diversas áreas de la administración pública local y que con la nueva ley se verían afectados porque desaparecen sus derechos. El amparo también pretende proteger a los empleados bajo la modalidad de obra determinada y de confianza. Tan solo del Sutsem hay 5,300 trabajadores interinos.
Además, esperan las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dos controversias constitucionales relacionadas con la promulgación de la mencionada ley.
TEMEN PERDER BENEFICIOS LABORALES EN EL IMSS-BIENESTAR
Por otra parte, Martínez Medina dijo que los gobiernos federal y estatal buscan cambiar a los trabajadores de la Secretaría de Salud en Nayarit al IMSS, con el argumento de que la entidad se adhirió al programa federal, con el cual los servicios de salud los administrará ahora el IMSS-Bienestar.
Dijo que pretenden que renuncien para recontratarlos, pero no saben cuáles son las nuevas condiciones de trabajo y si lo hacen perderían conquistas laborales y derechos como antigüedad. (Con información de El Economista)
