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Después de 12 años, México acata norma sobre niños sicarios

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El gobierno federal cambió de postura ante el mandato de la ONU para evitar a toda costa que los menores sean reclutados por grupos criminales

 

 

Tras 12 años de resistirse a aceptar ningún tipo de responsabilidad en los casos de menores de edad absorbidos por la delincuencia organizada, el Estado mexicano cambió de postura y retiró, a inicios de febrero, la objeción que mantenía desde el año 2000 contra el artículo 4 del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, de la ONU, que establece la obligación de las autoridades nacionales de poner en marcha “todas las medidas posibles para impedir el reclutamiento y utilización (de infantes)” por parte de grupos “distintos a las fuerzas armadas”.

Este protocolo internacional, cabe subrayar, prohíbe el reclutamiento de menores de edad no sólo en ejércitos regulares, sino también en todo tipo de fuerzas armadas “no estatales”, entre las que deben considerarse, en el caso mexicano, “los grupos paramilitares, los grupos de delincuencia organizada y las compañías de seguridad”, tal como recomendó el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en su 56 periodo de sesiones, de 2011.

El protocolo fue suscrito por México en septiembre del año 2000 –cuatro meses después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo emitiera– aunque con la acotación expresa de que “la responsabilidad que pueda derivar para los grupos armados no gubernamentales, por el reclutamiento de menores de 18 años de edad o su utilización en hostilidades, corresponde exclusivamente a dichos grupos y no será aplicable al Estado Mexicano como tal”, algo que, a juicio del Comité de los Derechos del Niño, dejaba dicho norma en estado de “reserva”.

El dictamen del Senado de la República con el que, el pasado 7 de febrero, determinó retirar esta objeción, odeclaración interpretativa, por su nombre técnico –interpuesta durante la presidencia del priista Ernesto Zedillo– explica que ésta se consideró pertinente en el pasado ante “la necesidad de salvaguardar la responsabilidad del Estado mexicano, por los actos que pudieran realizar grupos armados ilícitos o paramilitares” orientados al reclutamiento de infantes; sin embargo, consideró el Senado, su retiro “resulta conveniente” ya que México cumple con las principales obligaciones que el Protocolo asigna a sus adherentes para evitar el enrolamiento de niños en fuerzas irregulares, que son prohibir estas conductas y tipificarlas como delito.

Ahora falta que el gobierno mexicano cumpla con el resto de las medidas que el Comité de los Derechos del Niño le recomendó emprender, además de retirar oficialmente esta objeción al Protocolo, y entre las que se encuentra recopilar información precisa sobre el número de menores afectados por esta problemática, así como programas para su desmovilización y reinserción en la sociedad.