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Crece adeudo millonario de municipios a Ipejal

Escrito por Redacción AZ Noticias on . Posted in Jalisco

Mil 128 millones de pesos deben a Pensiones 25 entidades públicas hasta agosto pasado, 288 millones más que en el mismo mes de 2020. 

Hasta la primera quincena de agosto pasado, 25 entidades públicas deben mil 128 millones de pesos en aportaciones al Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), lo que significa un aumento de 288.4 millones comparado con el mismo periodo del año anterior.

En 2013, el Congreso estatal aprobó reformas con la intención de sancionar con cárcel a los funcionarios que desviaran las cuotas obrero-patronales en el Gobierno de Jalisco, los 125 Ayuntamientos y todos los Organismos Públicos Descentralizados, pero no hay castigos y los montos se han incrementado.

Según el Instituto de Pensiones, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta es la entidad más atrasada en el pago, con 94 quincenas vencidas acumuladas, que suman 483 millones 048 mil pesos. En segundo lugar está Tlajomulco, con 311 millones de pesos.

Irlanda Baumbach Valencia, tesorera de Tlajomulco, explica que parte del adeudo, que corresponde a las quincenas de marzo a octubre de 2020, ocurrió porque ese año tuvieron menos dinero. Además, tuvieron que utilizar recursos para hacer frente a la pandemia. Resalta que, además, implementaron estrategias para ayudar a los ciudadanos con la crisis, como prórrogas para el pago de licencias, descuentos en predial y efectuaron gastos extraordinarios para apoyar a la gente.

Precisa que en octubre de 2020 reactivaron los pagos al Ipejal. Y para regularizar la situación ya gestionan cómo liquidar los adeudos, por lo que buscan que se congelen los recargos y conseguir un plan de pagos fijos.

Por otro lado, Pensiones mantiene convenios de pago con 14 entidades públicas, de las cuales tres han incumplido con los acuerdos: los Ayuntamientos de Tonalá y Gómez Farías, así como el Instituto de la Juventud de Tonalá.

Este problema tiene una explicación: las autoridades correspondientes descuentan a los trabajadores las cuotas de pensiones (incluyendo las aportaciones patronales), pero el recurso lo destinan al gasto corriente.

Mientras algunas administraciones argumentan que son problemas heredados, desde 2013 en Jalisco se tipificó como delito no reportar esas cuotas obrero-patronales al Ipejal; sin embargo, no hay sanciones.

Los Ayuntamientos de Puerto Vallarta, Tlajomulco y Tonalá son los que más deben al Ipejal. Sergio Chávez, alcalde del último municipio (al centro, con camisa de cuadros), confirmó que no se vendieron terrenos para liquidar los adeudos en la pasada administración. ESPECIAL

Incumplen convenios con el Ipejal; Tonalá adeuda más de 350 millones

El Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) mantiene convenios de pago con 14 entidades públicas, de las cuales tres incumplieron los pactos: los municipios de Tonalá y Gómez Farías, así como el Instituto de la Juventud de Tonalá.

Los otros 11 que tienen convenios  de  pago son los Ayuntamientos de Chapala, Guadalajara,  Tala,  Tamazula, Tuxpan, Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande. Además del Consejo Municipal del Deporte de Vallarta, DIF de Tonalá, Servicios y Transportes y el Tribunal de lo Administrativo de Jalisco.

Según el convenio firmado por Tonalá en 2018, el Ayuntamiento dejó de enterar al Ipejal las cuotas correspondientes al fondo de pensiones, vivienda, actualizaciones y recargos vencidos, así como retroactivos de antigüedad de las quincenas, por lo que tras la condonación de recargos, el adeudo quedó en 290 millones 459 mil pesos. Para ello, el municipio acordó pagar 205 pagos mensuales de 1.4 millones cada mes.

“De no cumplirse con los pagos en la forma y en los términos pactados en el presente convenio, se suspenderá a dicho organismo público el otorgamiento de prestaciones y servicios señalados en la Ley del Instituto de Pensiones del Estado hasta en tanto se regularice su situación”,  se acordó en el documento firmado el 13 de septiembre de 2018 por el entonces presidente municipal Sergio Chávez.

Tras  el cambio de administración en octubre de 2018,  la  nueva gestión encabezada por Juan Antonio González solamente cumplió con el convenio durante los dos primeros meses, ya que en enero de 2019 apareció en el apartado de incumplimientos. De acuerdo con los informes del Ipejal, del convenio se tienen 32 abonos vencidos, además de otras dos quincenas vencidas, que suman un adeudo por 31.9 millones de pesos.

Sergio Chávez,  quien regresó a la presidencia municipal para el periodo 2021-2024, dio a conocer en una entrevista que ya se deben 350 millones de pesos, por lo que pactaron otro convenio con el Instituto de Pensiones. Explica que pensaban vender unos terrenos para abonarle a la deuda, pero la transacción no se completó. “El convenio es pagar un millón 100 mil pesos cada 30 días, durante 24 años”.

Recuerda que Tonalá sigue siendo de los municipios más endeudados del país, con una deuda de mil 400 millones de pesos en total,  incluyendo pensiones.

 

También deben ISR a Hacienda

Al segundo semestre de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que Tonalá registra una deuda pública y obligaciones por 685.3 millones de pesos. Este indicador contabiliza el saldo de “aquellos créditos contratados por el ente público (tanto la deuda de largo plazo como las obligaciones de corto plazo), emisiones bursátiles, deuda en la cual el ente público otorga su respaldo mediante una fuente de pago propia, obligaciones derivadas de asociaciones público-privadas (contabilizando únicamente la parte de inversión),  y cualquier otra obligación que implique pagos financieros programados”.

El alcalde Sergio Chávez reconoce que el adeudo es mayor que el registrado ante Hacienda. “Se debe  el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Hay un tema con la Secretaría de Hacienda  de retenciones de los años 2012, 2013 y 2014.  El tema federal lo está viendo la Secretaría de Hacienda, son alrededor de 90 millones de pesos los que se deben, cuando Jorge Arana era alcalde”.

Por otro lado, comenta que se enfrentan a un tema de irregularidades en el otorgamiento de bases, por lo que realizan una auditoría para ver cuáles plazas se dieron con apego a la ley. “Hay personas apadrinadas para que no los pongan a trabajar,  se les pagan millones de pesos cada 15 días. Yo encantado de despedirlos, pero le agregaría otros 800 laudos. Son basificaciones que tienen varios años”.

A partir de esa auditoría, dice, se presentarán las denuncias correspondientes contra las bases que no estén respaldadas. 

Por último, informa que con el cambio de administración se fueron 650 trabajadores, “y tengo una meta de no pasarme de 400 personas que llegan. Me urge arrendar 55 patrullas y ver qué haré con el tema de las luminarias”.

SECRETARÍA DE HACIENDA

Los endeudados

Según la Secretaría de Hacienda, al 30 de junio de 2021, de los dos mil 447 municipios que existen en México, menos de una tercera parte  (777), cuentan con obligaciones financieras inscritas ante la SHCP.

De estos municipios,  239 no pudieron ser evaluados debido a que no entregaron información, o la información que entregaron no fue suficiente para llevar a cabo la evaluación por parte de la autoridad.

El 94.1% de los 538 municipios que sí pudieron ser evaluados presentan un nivel de endeudamiento sostenible. En estos casos, el primer indicador siempre se ubica en rango bajo. Con respecto al segundo indicador,  destacan aquellos municipios que se ubican en rango medio,  entre éstos Casimiro Castillo (Jalisco), San Salvador el Seco (Puebla) y Tamuín (San Luis Potosí).

Por otra parte,  31 municipios presentan un nivel de endeudamiento en observación. Destacan aquellos cuyo primer indicador se ubica en rango medio: Cozumel y Othón P. Blanco (Quintana Roo),  Acatzingo (Puebla),  Sabinas (Coahuila), así como Nogales, Hermosillo y Cajeme (Sonora).  Se suman Pánuco de Coronado  (Durango), Poza Rica (Veracruz)  y  La Barca (Jalisco).

Solamente Agua Prieta (Sonora) presenta un nivel de endeudamiento elevado, reporta Hacienda.

CRISIS SANITARIA

Pandemia afecta atención médica

El Instituto de Pensiones comunicó que en 2020 bajó el gasto en salud en 833 millones de pesos, que significó un 24% menos que el ejercicio pasado. 

En el detalle de actividades publicado por la dependencia, indican que dejaron de prestar algunos servicios debido a la pandemia. 

Por ejemplo, no otorgaron terapias físicas y bajaron las consultas de rehabilitación física, al pasar a 761 atenciones, cuando el promedio variaba entre mil 200 y mil 600.

El organismo estatal confirma que también fueron menos pensionados a las terapias psicológicas en todos los hospitales, con solamente 272 servicios, cuando en 2016  se registró un máximo de mil 688 atenciones. 

“En el año 2020, el número de terapias otorgadas bajó drásticamente debido a la pandemia”.

El servicio médico del Instituto tiene tres unidades médicas familiares para prestar atención de primer nivel: Federalismo, Javier Mina y Pila Seca.

Además, se subrogan los servicios de segundo y tercer niveles en seis hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que son el Centro Hospitalario  Bernardette, el Hospital Arboledas de Zapopan, el Hospital Puerta de Hierro, el Hospital Santa Catalina, el Hospital Terranova y el Sanatorio Guadalajara. 

Mientras que en el interior del Estado se tiene un convenio de atención con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

Crecen afiliados y pensionados

En los últimos cinco años se tiene un incremento promedio del 0.49% en el número de servidores públicos afiliados al Ipejal, por lo que al cierre de diciembre de 2020 estaban 122 mil 558 servidores públicos, que representan un incremento con respecto al año anterior,  analizó la dependencia en su informe anual.

Por tipo, el 27% de los afiliados se agrupa a los municipios, el 28% a los organismos públicos descentralizados, el 26% al magisterio y el 18% al resto del Gobierno;  es decir, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y  el 1% restante, a los afiliados en el régimen voluntario.

En 2020 otorgaron patentes para un total de tres mil 134 nuevos pensionados, siendo la pensión por años de servicio la que más altas generó, con dos mil 285 nuevos registros, seguido de la pensión por derechohabientes (317), la pensión por edad avanzada (285), la pensión por invalidez (123), la pensión por viudez y orfandad (116), así como pensión por invalidez por riesgo de trabajo (8).

El incremento en pensionados fue del 6% comparado con 2019, lo que originó un total de 39 mil 224 pensionados al cierre del año. “El monto pagado de manera oportuna en la nómina de pensionados, incluyendo la gratificación anual y la despensa, fue de siete mil 958 millones de pesos para el cierre de 2020”.

Recaudan menos

En 2019,  el Instituto tuvo un récord en sus ingresos, con 24 mil 323 millones de pesos anuales, un incremento del 23.81% en relación con el año anterior; sin embargo, para el 2020 presentó un decremento del 13.23 por ciento.

Pese a la baja, hubo un aumento en las aportaciones, con siete mil 578 millones de pesos, la cifra más alta desde 2016.

En el rubro de los egresos, informan que no gastaron todo lo presupuestado. 

“Para cubrir con las prestaciones y los derechos de los afiliados y los pensionados, así como para hacer frente a los gastos de la operación, el Instituto contó con un presupuesto de egresos modificado por  20 mil 785 millones de pesos. Al final del ejercicio se utilizó solamente el 86.40% de ese presupuesto”.

Las entidades públicas patronales, que realizan todas las aportaciones, son los Poderes públicos de Jalisco. Por ejemplo,  las secretarías  del  Gobierno del Estado,  las dependencias centralizadas, los organismos auxiliares, los organismos públicos descentralizados estatales, los fideicomisos públicos, los municipios, así como los organismos públicos descentralizados de éstos que tengan la calidad de patrones con respecto a los afiliados del Instituto de Pensiones del Estado.

 

Pelean por sus pensiones “doradas”

Debido a la desigualdad que existe entre los montos de las pensiones que se otorgan, el Instituto de Pensiones reformó su ley para topar en 104 mil  pesos las jubilaciones.

Aunque el decreto entró en vigor el pasado 10 de septiembre, los beneficiados de las pensiones “doradas” o  VIP,  solicitaron amparos para seguir percibiendo la misma cantidad.

 

El Ipejal exhibe a 18 amparados contra recorte de “pensión dorada”

El director jurídico, Rodrigo Moreno, informó que impugnarán 18 amparos de quienes buscan que su pensión “dorada” no se modifique por la reforma aprobada.

Explicó que otros dos pensionados interpusieron el recurso, aunque no reciben más de lo establecido,  y dos más que aún no se jubilan.

El director del Ipejal,  Héctor Pizano, añadió que con la respuesta legal a esos amparos  garantizan los recursos necesarios al menos hasta el año 2051. “Nuestras pensiones son en promedio de 17 mil pesos; por lo tanto, un solo pensionado (VIP) se lleva 10 veces más y eso no le da viabilidad al sistema de pensiones”.

Dijo que las pensiones que están en este supuesto son de ex funcionarios que aportaban sólo 5%, monto insuficiente para mantener el pago, pues “el fondo individual que generaron lo consumieron en menos de tres años, sin que se incluyan servicios médicos”.

Esta quincena de octubre se aplicará la retroactividad en 70 pensiones  “doradas”.

Los que acudieron al amparo son Eugenio Ruiz Orozco (con 180 mil pesos mensuales), Patricia Campos González  (126 mil), Armando Morquecho (122 mil), Carlos Raúl Acosta (170 mil), Jesús Casillas Romero (126 mil),  Socorro Velázquez (167 mil), Andrea Margarita Márquez (107 mil), Isidoro Gallardo (133 mil), Hugo Olveda (170 mil) y Ramón Soltero Guzmán (172 mil). También José Manuel Verdín (176 mil), Guillermo Guerrero Franco (163 mil), Austreberto Andrade (134 mil), Ernesto Chavolla (165 mil), Francisco Ramírez Acuña (178 mil), Ernesto Camacho Hernández (158 mil), Jesús Angulo Aguirre (170 mil) y Ernesto Garabito García (172 mil).(Con información de El Informador)