Servidores públicos, los que acumulan más denuncias por delitos electorales en Jalisco

De los 38 expedientes, 22 son por presuntas violaciones desde la función pública; algunas denuncias son colectivas

La Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales en Jalisco ha recibido 38 denuncias, de las cuales, 22 corresponden a presuntas violaciones cometidas por servidores públicos, según el corte más reciente, a un mes de las elecciones.

Entre los delitos que se han registrado están la coacción o amenaza a subordinados con 17 investigaciones abiertas; por desvió de recursos 3; por condicionamiento a la prestación de un servicio o programa 1; y por presiones para hacer proselitismo en horarios laborales 1, detalló en entrevista con Animal Político el titular de la Fiscalía en Jalisco, Ricardo Suro Gutiérrez.

“A veces son grupos de más de cuatro o cinco personas, hay un municipio de una denuncia de más de nueve personas y tienen que ver con la presión a participar en actos de campaña”, precisó.

El 28 de mayo, exempleados municipales acusaron despidos injustificados con trasfondo político en Tonalá y El Salto, gobernados por Sergio Armando Chávez Dávalos y Marcos Godínez respectivamente.

Marina Valdez, Alberto Sandoval López y Clara Elizabeth Pino Zepeda refirieron presiones supuestamente para que, como los alcaldes, cambiaran de las filas del PRI a las de Movimiento Ciudadano, reportaron a diario locales. Los aludidos negaron los señalamientos.

El titular de la Fiscalía Especial en Materia de Delitos Electorales en Jalisco explicó que se analizan los casos para determinar si tienen que ver con delitos electorales o si solo son de orden laboral.

El 1 de junio, el ayuntamiento tonalteca respondió a través de un comunicado sobre otras denuncias en redes sociales: “El gobierno municipal no solapará a ningún servidor público que en su horario laboral realice proselitismo a favor de cualquier partido político o que utilice recursos públicos para ese mismo fin, y quien sea sorprendido en dicha irregularidad será sancionado conforme a la ley”.

La Contraloría Municipal investigará presuntas irregularidades y la Jefatura de Gabinete enviará “circulares previniendo a funcionarios y empleados en ese sentido, de que serán sancionados si infringen las leyes en materia electoral”, se informó en el comunicado. Mientras los inconformes advirtieron que acudirían a la Fepade.

Por otra parte, el regidor independiente en Guadalajara, Roberto Delgadillo González, recriminó en sesión de cabildo la parálisis en el gobierno municipal.

Tras enlistar algunos ejemplos exigió “que la Contraloría intervenga. Los que se quieran ir a hacer campaña, que se vayan a hacer campaña, pero no en horarios de trabajo”.

Argumentando restricciones a la población para el ingreso a Palacio Municipal, falta de quórum en las sesiones edilicias y que los funcionarios tardan hasta cinco días para regresarle las llamadas; reconoció que en tres días él no fue a trabajar porque no había mucho qué hacer. “Me da pena cobrar esa cantidad de lana”. Dijo que analizará donar sus percepciones a una institución de beneficencia y pidió al alcalde poner orden en la administración.

Cada regidor tapatío percibe 89 mil 230 pesos brutos al mes, los coordinadores generales 80 mil 540 pesos y los directores de primer nivel 70 mil 920 pesos mensuales, según el tabulador disponible en la página de transparencia del ayuntamiento.

El presidente municipal interino, Enrique Ibarra Pedroza, emanado de MC, prometió instruir a la Secretaría General para que las comisiones edilicias sesionen y ofreció “puertas abiertas” al diálogo.

En el Ejecutivo Estatal, emanado del PRI,  han sido anónimas las quejas por supuestas presiones para apoyar a candidatos tricolores, sin que se hayan formalizado aún ante la fiscalía electoral, que depende de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

COMPRA DE VOTOS

En cuanto a denuncias que no involucran a burócratas, 2 han sido por presunta compra de votos y 1 por retención de documentos electorales.

“Históricamente no se presentan demasiadas denuncias por compra de voto, porque tanto el que compra como el que venden están de acuerdo y los dos cometen el delito electoral; entonces, lo que estamos haciendo es concientizar la trascendencia del voto”, indicó Suro Gutierrez.

“También algo que hemos detectado en otras elecciones es que dan una cantidad de dinero para obtener la credencial con la promesa de regresarla pasando la elección. Y lo que ha sucedido en varios estados es que nunca les regresan el plástico y tampoco les entregan el prometido segundo pago”, abundó.

Según la agrupación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, en el Estado de México el voto puede llegar a costar 5 mil pesos, en Jalisco mil pesos y en Morelos 150 pesos; las despensas, materiales de construcción y el condicionamiento de retirar apoyos sociales son otras vías de coacción.

“La posibilidad de comer o no comer, puede ser para una persona o una familia, el factor que determina la venta de su voto, esto es inmoral e ilegal por parte de quien lucra con ello”, señaló Alberto Serdán sobre las denuncias recabadas a través del portal democraciasinpobreza.mx.

Del resto de los recursos por presuntos delitos electorales, en la Fiscalía de Jalisco encargada de la materia hay otros 13 casos que podrían turnarse a otras instancias porque al parecer no encuadran en sus competencias, informó Ricardo Suro en base al corte del 11 de octubre de 2017 al 28 de mayo de 2018. (Con información de AnimalPolítico.com)